Honduras | Declaran culpable del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres al ejecutivo de una hidroeléctrica. Familiares y miembros de organizaciones sociales e indígenas expresan su satisfacción
PUBLICIDADLa justicia hondureña ha declarado a Roberto David Castillo culpable del asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres. Castillo era en aquella época el presidente de la empresa hidroeléctrica que gestionaba la represa de Agua Zarca, a la que se oponía Berta Cáceres, de la etnia lenca.
El tribunal ha dictado sentencia contra él por unanimidad como coautor intelectual del crimen. La pena, que podría alcanzar los 25 años de cárcel, se conocerá el 3 de agosto.
"Según el tribunal, Castillo Mejía habría trabajado en la organización y logística para darle muerte a la ambientalista Berta Isabel Cáceres", explicó la portavoz de Justicia, Lucía Villars.
La sentencia ha sido recibida con satisfacción por la familia, así como por miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras, concentrados ante la Corte Suprema de Justicia.
_"Estamos bastante satisfechos porque contra todas las barreras que nos han puesto, un sistema de justicia que está vinculado a la impunidad y a la corrupción, frente a las presiones que estaba ejerciendo el sector económico, se ha emitido un fallo condenatorio", _ha reaccionado Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres.
Otras siete personas fueron condenadas por el asesinato en 2019, pero esta sentencia, contra el ejecutivo de la hidroeléctrica, significa mucho más.
"Los pueblos y las organizaciones indígenas es la primera vez que en Honduras llegan a condenar al presidente de una empresa, aunque sabemos que el camino aquí no acaba, porque él solo es la pieza clave que vincula a los autores intelectuales", dice Zúñiga.
Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, se oponía a la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
El 2 de marzo de 2016 fue asesinada a tiros en su casa, en La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para protegerla de las constantes amenazas que recibía.