El pacto es un ajuste del mercado concebido en torno a la crisis de precios de la energía de 2021 y 2022, que busca acercar a la Unión Europea a sus objetivos climáticos y alejarla de los hidrocarburos de Rusia.
PUBLICIDADEl Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político para reformar el mercado comunitario de la electricidad que impulse el despliegue de energías renovables y favorezca precios estables y asequibles para los consumidores. El pacto político llegó después de diez horas de negociación en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, y aún tendrá que ser validado tanto por el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, como por el pleno de la Eurocámara.
Se trata de un ajuste del mercado concebido en torno a la crisis de precios de la energía de 2021 y 2022, que busca acercar a la Unión Europea a sus objetivos climáticos y alejarla de los hidrocarburos de Rusia. El texto pactado recoge varias medidas para reforzar la protección a los consumidores y establece unos criterios que permitan que el Consejo, a propuesta de la Comisión, declare una crisis energética. Los Estados deberían entonces adoptar medidas para rebajar los precios para los clientes vulnerables y desfavorecidos, con disposiciones para evitar "distorsiones indebidas del mercado interior", indicó el Consejo en un comunicado.
"La protección al consumidor aumenta y mucho", valoró el negociador jefe por parte de la Eurocámara, Nicolás González Casares. El político español agregó que el pacto también impide que las compañías puedan "cambiar unilateralmente contratos" y señala que "los Estados miembros asegurarán que los consumidores estarán completamente protegidos contra las desconexiones".
El mayor escollo de la tramitación fue previo a la negociación final entre el Consejo y la Eurocámara y apareció en el enfrentamiento entre París y Berlín a propósito de los contratos por diferencia y su aplicación sobre las centrales nucleares en funcionamiento. Estos contratos permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador, y después se devuelva la diferencia automáticamente en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado.
Francia, con un amplio parque nuclear, quería aplicar ese esquema a las plantas atómicas en uso, y prácticamente amortizadas, pero Alemania temía que esto pudiera funcionar como una ayuda de Estado encubierta a la industria francesa, que podría obtener electricidad más barata que la germana.
El acuerdo también introduce una "excepción potencial y excepcional a la aplicación del límite de CO₂ para los mecanismos de capacidad ya autorizados, cuando esté debidamente justificado", indicó el Consejo en relación a una disposición que reclamaba Polonia. La reforma incluye, en paralelo, un reglamento para mejorar la protección contra la manipulación del mercado, acordado el pasado noviembre.