Salieron a la calle este jueves contra la eliminación de la fiscalía anticorrupción que planea el primer ministro populista Robert Fico.
PUBLICIDADEl plan del primer ministro eslovaco Robert Fico incluye la modificación del código penal y la eliminación de la fiscalía especial eslovaca que se ocupa de delitos graves como corrupción, crimen organizado y extremismo. El proyecto de Fico implica que estos casos serían asumidos por fiscalías regionales, que no se han ocupado de este tipo de delitos desde hace 20 años, sin suficiente personal ni presupuesto.
Varias personas vinculadas al partido del gobierno se enfrentan a procesamientos por escándalos de corrupción. Los críticos de Fico temen que su regreso pueda llevar a Eslovaquia a abandonar su rumbo prooccidental y seguir la dirección de Hungría bajo el primer ministro ultranacionalistaViktor Orbán.
Los cambios previstos también incluyen una reducción de las penas por corrupción y algunos otros delitos, incluida la posibilidad de sentencias suspendidas, y una reducción significativa del plazo de prescripción. Las protestas del jueves se repitieron en dos docenas de ciudades y pueblos, incluida la capital, y se extendieron también a Praga y Brno, en la República Checa, a Cracovia en Polonia y a París.
Más temprano el jueves, la coalición gobernante votó a favor de utilizar un procedimiento parlamentario rápido para aprobar los cambios. La segunda lectura que permitirá introducir cambios en el proyecto podría tener lugar el miércoles, mientras que la votación final podría realizarse a finales de la próxima semana. La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová dijo que los cambios propuestos ponen en peligro el Estado de derecho y causan daños “impredecibles” a la sociedad.
Además, el Parlamento Europeo cuestionó la capacidad de Eslovaquia para luchar contra la corrupción si se adoptan los cambios, mientras que la Fiscalía Europea también ha dicho que los planes de Eslovaquia amenazan la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y su marco anticorrupción. Caputová dijo que está dispuesta a presentar un recurso constitucional contra la legislación.