El Gobierno actual, pero también la sociedad civil, especialmente aquellos que no están a favor del partido Ley y Justicia (PiS), aseguran que la lista de afectados por las escuchas ilegales es muy larga.
PUBLICIDADEl próximo 19 de febrero tendrá lugar una reunión del Comité de Pegasus y Vigilancia Ilegal en el Parlamento polaco. El Gobierno actual, pero también la sociedad civil, especialmente aquellos que no están a favor del partido Ley y Justicia (PiS), aseguran que la lista de afectados por las escuchas ilegales es muy larga.
Uno de ellos es Bartosz Kramek, quien, según él, a través de su participación política y social [como opositor a las reformas judiciales introducidas por el partido PiS] no sólo se ha enfrentado a numerosas inspecciones y controles institucionales de sus actividades, sino también a escuchas ilegales.
"Se trataba de escuchar a escondidas, también de grabar imágenes en mis habitaciones de hotel, de obtener datos sobre las operaciones que hacía con mi tarjeta de crédito en relación con los servicios del hotel, y también de una posible provocación", apuntó Kramek, de la Fundación Diálogo Abierto.
Violación de los derechos constitucionales
Jacek Dubois, un abogado que representa a víctimas de vigilancia y escuchas ilegales, dijo a Euronews que la única manera de vigilar a personas de forma legal es con el consentimiento de un tribunal.
"Estos son derechos que no se pueden quitar. La única limitación constitucional es la vigilancia con el consentimiento del tribunal, que tiene reglas estrictamente definidas, en ciertos momentos, y sólo para casos específicos", afirmó Dubois, abogado y vicepresidente del Tribunal del Estado.
"El Estado no tiene derecho a controlar a los ciudadanos ni a ser guardián de su moralidad. De hecho, han violado la Constitución", añadió.
¿Escuchas... legales?
Sin embargo, el partido PIS, por el contrario, no se cree las revelaciones de los medios y asegura que, si sucedió lo que dijeron, todas las actividades operativas de los servicios especiales se desarrollaron de manera legal.
"Pegasus es indispensable [frente a las nuevas tecnologías], pero no creo que ningún oficial se hubiera arriesgado a emprender acciones operativas sin tener las pruebas que luego fueron enviadas a la Fiscalía y posteriormente remitidas al tribunal", dijo Jacek Ozdoba, diputado del PiS y miembro de la Comisión.
Sin embargo, quienes pretenden luchar contra las escuchas ilegales, como la fiscal Ewa Wrzosek, que también fue espiada con el software Pegasus, insisten en que los tribunales no conocían los detalles del funcionamiento del software espía.
"Los tribunales polacos, cuando concedieron dichas autorizaciones para el control operativo, no eran conscientes, no tenían conocimiento de que se estaba utilizando este tipo de software espía que rompe toda la seguridad del teléfono", apuntó Wrzosek.
"Teniendo en cuenta toda esta información, por fin se tomarán medidas decisivas y categóricas", añadió.
La investigación de 'Citizen Lab' ya ha detectado las primeras infecciones por Pegasus en Polonia. Los políticos de la coalición gobernante declaran que ya han tenido acceso a los documentos de muchos más casos y que lo que se sabe a día de hoy es sólo el principio.