Los ecologistas creen que el parque está amenazado por un proyecto de ley presentado por el Gobierno de Andalucía que ampliaría las zonas de regadío.
PUBLICIDADUn grupo de oenegés ha entregado a la Comisión Europea una petición con más de 260.000 firmas para proteger el Parque Nacional de Doñana, en España.
Las organizaciones ecologistas creen que el parque está amenazado por un proyecto de ley presentado por el Gobierno de derechas de Andalucía que ampliaría considerablemente las zonas de regadío para los agricultores locales.
El texto ha desatado una tormenta política entre el Gobierno progresista de Madrid, que se opone enérgicamente al proyecto de ley, y el nuevo Gobierno andaluz.
La disputa llegó a Bruselas después de que la Comisión Europea expresara públicamente su preocupación por los planes e instara a las autoridades españolas a acatar una sentencia emitida en 2021 por el Tribunal de Justicia de la UE.
La Corte había condenado a España por no proteger adecuadamente el parque contra la "extracción excesiva de agua" y el consiguiente daño a sus hábitats.
Doñana, que tiene la categoría legal de reserva natural, es famoso por sus ecosistemas únicos y su rica fauna, incluidas especies en peligro de extinción como el lince ibérico. También representa una importante ruta para millones de aves que cada año emigran del norte de Europa a África.
Pero esta rica biodiversidad lleva décadas sometida a la presión de la agricultura intensiva, la sobreexplotación, el drenaje de marismas, la prevalencia de pozos ilegales y la continua afluencia de turistas, que se suman a los males causados por el cambio climático.
Recogida de firmas
El anteproyecto de ley ha agravado aún más la inquietud sobre el futuro del parque, como reflejan las 262.728 firmas recogidas por Ecologistas en Acción, Salvemos Doñana, SEO/BirdLife, Wemove y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Las oenegés se reunieron el miércoles por la tarde con Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente, y le entregaron personalmente la recogida de firmas, en un llamamiento directo a actuar para salvaguardar los acuíferos de Doñana.
"Queremos parar esta ley. Hemos venido aquí porque queremos pararla. Y vamos a hacer todo lo posible", dijo a Euronews Nuria Blázquez, de Ecologistas en Acción. "Si no lo paramos antes de que se apruebe, lo parará la Comisión Europea o los españoles porque no podemos permitir la destrucción de Doñana".
Las enegés pidieron a Sinkevičius, que se ha pronunciado en defensa de la reserva natural, que tome medidas legales. Pero Bruselas no puede iniciar un proceso formal hasta que la ley pase por el Parlamento andaluz y entre en vigor.
El proceso legislativo está actualmente en suspenso, a la espera de las elecciones generales anticipadas previstas para el 23 de julio.
El presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, se mostró la semana pasada abierto a la "posibilidad de incluir modificaciones que puedan mejorar el texto legal", aunque ya haya pasado el plazo para presentar enmiendas. "Ninguna posición debe ser inamovible", dijo Moreno.
Pese a ello, siguió defendiendo la esencia de la ley y argumentó que era necesaria para "dar una respuesta" a los cerca de 1.500 agricultores que trabajan en un limbo legal y cuyas cosechas sufren una sequía persistente.
La producción agrícola en Doñana está muy centrada en los frutos rojos como la fresa, que requieren un riego constante y abundante.
Moreno había dicho anteriormente que la ampliación de las zonas de riego abarcaría entre 700 y 800 hectáreas. Pero según una estimación publicada por WWF, la ley, en su forma propuesta, legalizaría hasta 1.900 hectáreas.
Las oenegés han utilizado la nueva cifra para apoyar su campaña de oposición a lo que califican de "atentado ecológico" contra uno de los humedales más importantes de Europa.
"Los políticos tienen una visión a corto plazo para ganar elecciones cada cuatro años. Hay que tener una visión a largo plazo. Hoy hay que ser coherente con lo que dicen los expertos y con lo que está pasando: vamos a tener menos agua, vamos a tener temperaturas más altas", afirma Felipe Fuentelsaz, de World Wildlife Fund España. "Por tanto, apostar por actividades económicas que necesitan un uso intensivo del agua supone dar un paso atrás. Es un paso atrás".