El acuerdo alcanzado entre Italia y Albania para externalizar la tramitación de las solicitudes de asilo no infringe la legislación de la UE porque queda "fuera" de su ámbito de aplicación, afirma la comisaria europea Ylva Johansson.
PUBLICIDAD"La evaluación preliminar de nuestro servicio jurídico es que esto no viola la legislación de la UE, sino que está fuera de ella", declaró Johansson, responsable de la cartera de Interior, en la tarde del miércoles.
Las declaraciones se producen una semana después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, Edi Rama, firmaran un protocolo que externalizará al país balcánico la tramitación de hasta 36.000 solicitudes de asilo al año.
El procedimiento se aplicará a los migrantes rescatados en el mar por las autoridades italianas y desembarcados después en la ciudad costera albanesa de Shëngjin, donde se construirán dos centros a expensas de Roma que se regirán exclusivamente bajo jurisdicción italiana.
Los migrantes acogidos en los centros no podrán salir de ellos mientras esperan el examen de sus solicitudes, que no deberá durar más de 28 días. Según Meloni, quedarán excluidas las mujeres embarazadas, los niños y las personas vulnerables.
La fecha de entrada en vigor se ha fijado para la primavera de 2024, aunque el protocolo aún debe traducirse en actos jurídicos adecuados y someterse a la ratificación del Parlamento albanés.
"Considero que se trata de un acuerdo de alcance europeo", declaró Meloni, junto a Rama.
Si finalmente se aplica, el acuerdo supondrá la primera vez que un Estado miembro de la Unión Europea descargue parte de sus responsabilidades en materia de asilo a un tercer país, una idea que han planteado Dinamarca y Austria como respuesta al plan Reino Unido-Ruanda, que el Tribunal Supremo británico consideró ilegal el miércoles.
El proyecto de Italia ha suscitado dudas sobre la aplicación extraterritorial del Derecho de la UE, ya que las solicitudes presentadas en los centros de Albania se harán con el objetivo de recibir protección internacional en Italia, no en Albania.
"El Derecho de la UE no es aplicable fuera del territorio de la UE", dijo Johansson.
Pero, añadió, dada la pertenencia de Italia al bloque y la adopción obligatoria de legislación común, las normas que se aplicarán dentro de los centros de Albania serán efectivamente de naturaleza europea e imitarán el marco que se aplica en suelo italiano.
"Si se aplican las leyes italianas, las personas deben ser examinadas conforme a la legislación italiana por las autoridades italianas y, tras una decisión (positiva) de asilo, ser llevadas a Italia, o si no, devueltas al país de origen, y si no es posible, de vuelta a Italia", dijo Johansson.
"Italia está cumpliendo la legislación de la UE, lo que significa que se trata de las mismas normas. Pero jurídicamente hablando, no es la ley de la UE, sino que es la ley italiana que sigue la ley de la UE".
Las afirmaciones de Johansson, sin embargo, no resuelven del todo la inseguridad jurídica que rodea al protocolo. Aún no está claro si Italia podrá apartarse de las normas de la UE en suelo albanés y aplicar un procedimiento de asilo diferente a los solicitantes que sean trasladados a los centros. Tampoco está claro si las posibles violaciones que se produzcan dentro de las instalaciones podrían dar lugar a acciones legales por parte de la Comisión Europea, ya que el Ejecutivo parece haberse distanciado de la aplicación del acuerdo.
Otra cuestión aún por aclarar es si Italia podrá trasladar a un tercer país a los migrantes rescatados en aguas italianas, que se consideran parte de su territorio soberano, a diferencia de los rescatados en aguas internacionales.
La evaluación jurídica es preliminar y aún no se ha hecho pública. Euronews se ha puesto en contacto con la Comisión Europea para solicitar más información.
Amnistía Internacional advirtió anteriormente de que el protocolo entre Italia y Albania "podría tener consecuencias devastadoras para las personas que solicitan asilo, que podrían ser sometidas a largas detenciones y otras violaciones, fuera del escrutinio de las autoridades judiciales italianas".