Polonia no ha podido acceder hasta ahora a dichos fondos por inquietudes sobre el Estado de derecho.
PUBLICIDADBruselas desbloqueará 137.000 millones de euros en fondos de la UE para Polonia la próxima semana.
La Comisión Europea se está preparando para desbloquear hasta 137 mil millones de euros en fondos de cohesión y recuperación para Polonia, que hasta ahora no ha podido acceder a dichos fondos por inquietudes sobre el Estado de derecho.
El anuncio lo hizo la presidenta Ursula von der Leyen durante un viaje a Polonia el viernes, donde habló junto al primer ministro Donald Tusk.
Plan de acción de nueve proyectos de ley
El avance se produce días después de que funcionarios polacos viajaran a Bruselas para presentar un "plan de acción" de nueve proyectos de ley destinados a restaurar la independencia judicial del tribunal más alto del país a los tribunales inferiores.
"Estamos impresionados por sus esfuerzos y los del pueblo polaco para restablecer el Estado de derecho como columna vertebral de su sociedad. Una sociedad en la que todos respeten las reglas. Una sociedad en la que las personas y las empresas puedan confiar en las instituciones y puedan obligar a las autoridades a cumplir", dijo von der Leyen después de reunirse con el primer ministro.
Unos fondos que Bruselas negó al anterior Gobierno polaco
Bruselas negó al anterior Gobierno de Polonia de extrema derecha de Ley y Justicia (PiS) el acceso a 76.500 millones de euros en fondos de cohesión asignados para el período 2021-2027 por una serie de deficiencias del Estado de derecho, centradas principalmente en una persistente disminución de la independencia del poder judicial y una creciente interferencia política en los tribunales.
Otras inquietudes obstaculizaron también la capacidad de Polonia para utilizar plenamente su plan de recuperación y resiliencia posterior a la COVID-19, que combina 34.500 millones de euros en préstamos a bajo interés y 25.300 millones de euros en subvenciones. Hasta ahora sólo se han liberado 5.100 millones de euros en concepto de "prefinanciación".
La promesa de Tusk
Al llegar al poder a mediados de diciembre, Tusk prometió restablecer las relaciones entre Bruselas y Varsovia, restaurar la democracia y liberar los fondos congelados que el país necesita urgentemente para pagar proyectos de desarrollo que aceleren las transiciones verde y digital.
Polonia actuó rápidamente para solicitar un primer pago de 6.300 millones de euros en subvenciones y préstamos del fondo de recuperación y presentar una autoevaluación de los fondos de cohesión. Esto desencadenó el proceso interno de la Comisión para verificar el cumplimiento de las condiciones judiciales.
"Los ciudadanos polacos eligieron la democracia y el Estado de derecho"
"Conseguimos realmente lo que queríamos. Este es un día muy crucial para nosotros porque hemos hecho mucho. Se ha hecho un gran esfuerzo. Los ciudadanos polacos eligieron la democracia y el Estado de derecho el 15 de octubre y ellos son los verdaderos héroes de la historia polaca", afirmó Tusk, refiriéndose a las últimas elecciones. "Esto es mucho dinero. Y lo usaremos para abordar los importantes desafíos que enfrentamos ahora".
Pago en función de la evolución de los proyectos
Incluso si la Comisión adopta las decisiones la próxima semana, los desembolsos no serán inmediatos ni absolutos. Los fondos de cohesión se pagan gradualmente según la evolución de los proyectos sobre el terreno.
Tusk compartía su entusiasmo en la red X: Tenemos el estado de derecho. Tenemos 600 mil millones de Zlotys. ¡Otro gran salto civilizatorio nos espera!
Y explicaba que hablaría de agricultura, seguridad y asociación en Europa en Varsovia.
Mientras tanto, los fondos de recuperación se dividen en tramos y están estrictamente vinculados a la finalización de reformas e inversiones. Los estados miembros tienen hasta agosto de 2026 para cumplir sus compromisos.
Hacia el restablecimiento de la independencia del poder judicial
Ambos sobres de dinero están vinculados al restablecimiento de la independencia judicial y obligan al Gobierno polaco a deshacer los efectos de los controvertidos cambios introducidos por el PiS, en particular en lo que respecta a la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, que estaba facultada para castigar a los magistrados según sus sentencias.
El año pasado, el Tribunal de Justicia Europeo (TJCE) anuló sin ambigüedades la reforma judicial, argumentando que era "incompatible con las garantías de acceso a un tribunal independiente e imparcial".