La actividad de Uber en Portugal es ilegal. Así lo ha ratificado un Tribunal de Lisboa, después de que un juez ya prohibiera su labor en 2015. La asociación que representa a los taxistas ha pedido una indemnización de 25 millones de euros, diez de ellos correspondientes a la multa desde aquel año por seguir operando y otros quince por los daños causado al sector. La plataforma ha puesto el caso en manos de sus abogados y demanda mayor transparencia en el transporte público del país luso.
La decisión en Portugal contrasta con la que tiene Uber en España, aunque Madrid y Barcelona decidieron un día antes y tras la huelga general de taxistas de la semana anterior que sus conductores, además de los de Cabify, necesitarían una licencia especial para operar en las dos ciudades.