En el primer día de levantamiento de multas en Madrid Central, 17 activistas de Greenpeace han bloqueado el acceso de vehículos a la calle Alcalá, como protesta por la moratoria de tres meses impuesta por el nuevo Ayuntamiento, liderado por el Partido Popular y Ciudadanos.
PUBLICIDADEn el primer día de levantamiento de multas en Madrid Central, 17 activistas de Greenpeace han bloqueado el acceso de vehículos a la calle Alcalá, como protesta por la moratoria de tres meses impuesta por el nuevo Ayuntamiento, liderado por el Partido Popular y Ciudadanos. Desde hoy y hasta el 30 de septiembre, conducir por el área de bajas emisiones no implicará ninguna sanción económica: tan solo se mandará un aviso a los infractores. Tras entrar en vigor esta medida, fuentes de la oenegé ecologista advierten que España podría enfrentarse a una multa de hasta 500 millones de euros por parte de la Comisión Europea, al superar los límites máximos de dióxido de nitrógeno establecidos por la Unión Europea (UE).
Un retroceso de una década
“Madrid central funciona”, “38.000 muertes al año por contaminación” o “No más coches” son algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas de los activistas que se han sentado en la calle Alcalá, junto a la sede principal del Ayuntamiento, el palacio de Cibeles, desde primera hora de la mañana. Estos se han sumado a las protestas ciudadanas del pasado sábado y a los piquetes informativos que diversas asociaciones vecinales están llevando a cabo en Madrid desde las diez de esta mañana, hora local. Los activistas de Greenpeace, que han bloqueado el paso a coches pero no a autobuses, han sido desalojados por agentes de la Policía Nacional tras hora y media de protesta.
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Tal y como anunció de manera reiterada durante la campaña electoral, el nuevo alcalde de Madrid, el popular José Luís Martínez-Almeida, ha paralizado Madrid Central, el proyecto estrella de la legislatura de Manuela Carmena que había conseguido bajar los niveles de contaminación a mínimos históricos.
María José Caballero, directora adjunta de programas de Greenpeace España, afirma que cambiar una ciudad tan grande como Madrid no es fácil y califica de “retroceso” la nueva medida de Almeida. Grupos ecologistas y medios de comunicación internacionales calificaron a Madrid Central como la zona de bajas emisiones más eficiente de Europa. “Ahora mismo se puede circular por áreas residenciales limitadas por el propio Partido Popular”, explica Caballero.
Antes de Madrid Central, en los gobiernos populares de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella se establecieron las Áreas de Prioridad Residencial de Lavapiés, las Cortes, el Barrio de las Letras y Ópera que limitaban el tráfico a los vehículos de residentes y que fueron integradas, posteriormente, dentro del área de Madrid Central. Con la moratoria de tres meses, los automóviles no autorizados que circulen por estas zonas, algunas de ellas restringidas desde hace más de una década, tampoco serán multados.
En contradicción con la legislación europea
Greenpeace España afirma que las emisiones de los tubos de escape de los vehículos motorizados son los culpables de 38.500 muertes prematuras al año. Con la puesta en marcha de Madrid Central, la capital se ha situado como “un referente en la movilidad sostenible”, según ha afirmado Caballero.
La implantación de Madrid Central sirvió para que España eludiese una sanción económica de la Unión Europea de hasta 500.000 millones de euros, por rebasar los límites de dióxido de nitrógeno en Madrid y Barcelona, un gas altamente contaminante emitido por los tubos de escape de los automóviles de diésel y las calefacciones.
El popular Miguel Arias Cañete, comisario de Energia y Clima de la Comisión Europea, declaró hace unas semanas que “si las ciudades españolas no cumplían los límites de calidad del aire, se podrían en marcha los procedimientos de infracción pertinentes”. Sin embargo, añadió que la revisión del plan de calidad del aire de la ciudad de Madrid será evaluado por el actual comisario de medio ambiente, el laborista maltés Karmenu Vella.
La eliminación de Madrid Central por parte del nuevo gobierno también entraría en contradicción con el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de febrero. Se trata de una ley que también responde ante Europa, pues pretende cumplir con los compromisos de España para con la Unión Europea en materia de descarbonización.
Madrid Central restringe en 4,7 kilómetros cuadrados tráfico de la almendra central de la ciudad, limitándola a residentes y al transporte público desde el pasado mes de noviembre. Pese a la gran polémica que suscitó su entrada en vigor, se trata del área de bajas emisiones más pequeña de las grandes capitales europeas.
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