Yaxys Cires, miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos: "Aunque se haya aprobado el Código de las Familias, muchos miembros del colectivo siguen presos por reivindicar sus derechos".
PUBLICIDADCuba aprobó el nuevo Código de las Familias el pasado 26 de septiembre en un referéndum que batió récords de falta de participación.
Según los datos del Consejo Electoral Nacional (CEN), de un censo de 8,4 millones de personas de más de 16 años y con derecho a votar, 3,9 millones estuvieron a favor (46,6 % del total del censo), mientras que 1,9 millones votaron en contra (23,1 %). Además, 2,1 millones se abstuvieron (26 %) y se contabilizaron más de 300 mil papeletas inválidas (4,3 %). Para Yaxys Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, estos datos son reveladores: “Si sumas los cubanos que no fueron a votar, los que votaron no y aquellos cuyas boletas fueron anuladas, hablamos de 4,5 millones de cubanos; una cifra superior a los que votaron sí”.
El 66,87 % de los votos emitidos respaldaron el Código de las Familias, una reforma legal que recoge medidas como la aprobación del matrimonio igualitario o la gestación subrogada (denominada como gestación solidaria). Esta consulta popular ha batido el récord de menor participación. En comparación, el referendo de 2019 obtuvo una participación del 84,4 % y el voto favorable del 87 %; y en la consulta constitucional de 1976 la participación superó el 99 % y el sí alcanzó el 98 %, según datos oficiales. Cires considera que esta falta de participación significa una muestra de desconfianza por parte de la ciudadanía hacia el sistema electoral y político.
Pérdida de confianza en el Gobierno
Los motivos de esta respuesta por parte del pueblo cubano son muy variados y van más allá de la oposición a las medidas en favor del colectivo LGTBI. El activista de derechos humanos explica que hay que partir de la premisa de que la campaña por el “sí” fue promovida desde el Partido Comunista y el régimen cubano. “Creo que el origen de esta reforma forma parte de una cuestión propagandística dirigida a Occidente, con el objetivo de mejorar la cooperación económica y financiera internacional”.
Otro factor que asegura que es importante es la fuerte represión por parte del Gobierno, en este caso, hacia los sectores más conservadores que estaban en contra de esta enmienda. “Tenemos constancia de casos de amenazas a pastores cristianos y de personas que han sido expulsadas de sus centros de trabajo estatales por haber dicho que iban a votar no al Código de las Familias”, dice Cires. “Todo el aparato gubernamental defendió el “sí” y, para ello, empleó el sistema de seguridad para perseguir, amenazar e intimidar a aquellas personas que pidieran el no”.
Cuba afronta una grave crisis económica, social y energética, pronunciada en parte por el aumento de los movimientos migratorios. El miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos añade que esto influye en que gran parte de la sociedad no siente que está representada en los temas que aborda esta reforma.
“Hay muchos temas que afectan a las familias cubanas y que el Código de las Familias no recoge, como por ejemplo el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, la cual está controlada por el Partido Comunista”. “Tampoco han tenido en cuenta como afecta a las familias que cientos de miles de cubanos hayan salido del país en lo que va de año fiscal, que más de mil cubanos estén encerrados en la cárcel por motivos injustos o que el aumento del empobrecimiento perjudique ya a más del 70 % del país”.
Un país con un largo historial de represión contra el colectivo LGTBI
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó la aprobación del Código de las Familias como "una victoria más de la construcción socialista". Una victoria para un país con un largo historial de represión contra el colectivo LGTBI. La persecución a estas minorías comenzó en los inicios de la revolución.
El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio “propio de la sociedad capitalista y burguesa”. Durante las décadas de los años 60 y 70, los homosexuales (junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias), eran detenidos y enviados a campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su "rehabilitación".
El Gobierno despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en 1979, pero eso no terminó con la represión hacia estas minorías. Yaxys Cires sostiene que es importante no olvidar el pasado reciente. “Aunque se haya aprobado el Código de las Familias, hay muchos casos de personas del colectivo que fueron encarceladas por reivindicar sus derechos en las manifestaciones del 11 de mayo de 2019 por la cancelación del Día del Orgullo y y que siguen presas por las del 11 J en 2021 por la falta de libertad y la pobreza”.
Por lo tanto, Cires explica que estas medidas progresistas quedan invalidadas por el hecho de que todo el ejercicio de los derechos humanos y los derechos fundamentales recogidos en la Constitución están “condicionados por la voluntad y las decisiones del Partido Comunista”. “Si una persona va en contra de las decisiones del partido, sus derechos civiles, sociales, políticos y económicos pueden verse confiscados o prohibidos”.
En Latinoamérica, el matrimonio igualitario es legal actualmente en 8 países y en varios estados federales de México (28 de 32). Cuba es el último en unirse a la lista, seguido de Chile, que aprobó esta medida a finales de 2021. Estas leyes llevan años vigentes en Costa Rica, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador. Este es un gran paso a nivel social para Cuba y para toda una región del mundo. Pero Yaxys Cires recalca: “Aquello que a la vista del mundo pueda ser interpretado como algo positivo, progresista y avanzado; sigue estando fuertemente condicionado por las decisiones políticas del Partido Comunista y del Gobierno cubano”.