Comienza este domingo la campaña oficial de dos semanas para las elecciones presidenciales en Portugal. Se suponía que había 14 candidatos, pero tres no cumplían todas las condiciones para formalizar la carrera hacia la presidencia. No obstante, sus nombres figurarán en las papeletas.
Se suponía que había 14 candidatos en laselecciones presidenciales de Portugal, pero tres fueron rechazados por el Tribunal Constitucional (TC). Según el TC, las candidaturas de Joana Amaral Dias, José Cardoso y Ricardo Sousa presentaban irregularidades y sus representantes fueron informados por el Tribunal de que disponían de dos días para corregirlas.
Esto no ocurrió. Sin embargo, esto no impide que aparezcan en las papeletas de las elecciones presidenciales, lo que significa que habrá 14 nombres y fotografías, en lugar de los 11 que fueron admitidos, lo que podría crear cierta confusión en el escrutinio, según el candidato António José Seguro, apoyado por el Partido Socialista.
La Comisión Electoral Nacional comunicó posteriormente que ya no era posible retirar los tres nombres de las papeletas, pues el proceso de impresión "ya había comenzado" para que las papeletas pudieran enviarse a tiempo para el voto anticipado, que tiene lugar en diferentes fechas (5 y 8 de enero para los electores que no puedan desplazarse, 6, 7 y 8 de enero en el extranjero y 11 de enero para el voto móvil en Portugal).
Polémicas aparte, los 11 candidatos son un número récord para unas elecciones presidenciales en Portugal. Durante las dos semanas de campaña oficial que precederán a las elecciones del 18 de enero, los 11 candidatos competirán por ganarse el apoyo de los electores.
Segunda vuelta más que probable
Este amplio abanico de candidatos hace improbable que alguno de ellos consiga más del 50% de los votos, lo que llevará a los dos candidatos más votados a disputar una segunda vuelta el 8 de febrero.
Entre los favoritos, segúnlos sondeos, figuran los candidatos de los dos principales partidos del país, que se han alternado en el poder durante los últimos 50 años: Luís Marques Mendes, del Partido Social Demócrata de centroderecha, actualmente en el Gobierno, y António José Seguro, del Partido Socialista de centroizquierda.
Se espera que se enfrenten a fuertes desafíos por parte de André Ventura, líder del partido populista antiinmigración Chega, cuyo aumento de apoyos le convirtió el año pasado en el segundo partido más grande del Parlamento de Portugal, y Henrique Gouveia e Melo, un contralmirante retirado que se presenta como independiente y se ganó la aclamación pública por supervisar el rápido despliegue de las vacunas COVID-19 durante la pandemia.
El presidente tiene poder de veto
En Portugal, el presidente es en gran medida una figura simbólica, sin poder ejecutivo. La mayor parte del tiempo, el jefe de Estado intenta mantenerse por encima de las disputas políticas, mediando en los conflictos para aliviar las tensiones. Sin embargo, el presidente también tiene importantes poderes, pudiendo vetar leyes aprobadas por el Parlamento, aunque el veto puede ser revocado, así como disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas.
Tras las terceras elecciones generales celebradas en Portugal en tres años, en mayo, el peor periodo de inestabilidad política en décadas, es probable que el próximo jefe de Estado fomente el compromiso. Pero es probable que el próximo inquilino del palacio lisboeta de Belém tenga que decidir sobre algunas cuestiones delicadas.
Temas controvertidos
Entre las cuestiones más apremiantes está la propuesta de una nueva ley que introduzca límites sobre quién puede obtener la ciudadanía portuguesa y en qué circunstancias puede ser retirada. El mes pasado, el Tribunal Constitucional rechazó la propuesta, que fue devuelta al Parlamento.
Un paquete gubernamental de reformas laborales que ya ha provocado protestas callejeras y una importante huelga también llegará a la mesa del presidente, al igual que una ley que permita la eutanasia y el suicidio asistido por médicos en Portugal, aprobada por el Parlamento en 2022 pero suspendida por objeciones constitucionales. Casi 11 millones de personas tienen derecho a voto en las elecciones.