Portugal se aleja de la norma de la UE. El periodo de residencia se duplica y la ciudadanía para los hijos de inmigrantes ya no es automática. Y en el resto de Europa, ¿cuáles son los criterios?
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Las propuestas del Gobierno, aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros, para reformular la Ley de Nacionalidad suponen un cambio sustancial del régimen actual, situando a Portugal entre los países europeos con criterios más exigentes para adquirir la nacionalidad por naturalización.
La propuesta, que será debatida y votada en el Parlamento la próxima semana, prevé un aumento del tiempo mínimo de residencia legal exigido de cinco a diez años, con la excepción de los ciudadanos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), para los que se propone un requisito de siete años. Este cambio aleja a Portugal de la media europea, que suele oscilar entre cinco y siete años. Francia, Bélgica, Finlandia, Irlanda y Suecia, por ejemplo, mantienen el requisito mínimo en cinco años, mientras que Alemania, tras una reciente reforma, permite la naturalización después de cinco años o incluso tres si hay pruebas de una fuerte integración. España, por su parte, exige diez años, aunque este periodo se reduce a dos en el caso de los ciudadanos de países latinoamericanos.
En cuanto al conocimiento de la lengua y la cultura, la propuesta portuguesa pretende reforzar los criterios de integración introduciendo un examen que abarque no sólo el dominio de la lengua de nivel A2 (básico) exigido actualmente, sino también el conocimiento de la cultura, la historia y los derechos fundamentales de la República. Esto acerca a Portugal a las prácticas de países como Francia y Alemania, que exigen conocimientos más profundos: el requisito lingüístico francés puede ser equivalente a B1 (intermedio) o B2 (avanzado), mientras que en Alemania es obligatorio el B1, junto con un examen de integración. España, por su parte, exige una prueba de lengua (también B1) y una prueba cultural, que evalúa los conocimientos constitucionales y socioculturales.
La reagrupación familiar se hace más difícil
Otro punto controvertido de las propuestas son los criterios aplicados a los hijos nacidos en suelo portugués. Los hijos de padres extranjeros ya no adquieren la nacionalidad automáticamente y sólo pueden acceder a ella si al menos uno de los progenitores ha residido legalmente en el país durante al menos tres años y se presenta una solicitud formal. Este cambio contrasta con modelos como el francés, donde la nacionalidad puede adquirirse automáticamente a los 18 años si el joven ha vivido en Francia al menos cinco años. Alemania concede la nacionalidad por nacimiento a los hijos de extranjeros siempre que al menos uno de los progenitores haya residido legalmente en el país durante cinco años y tenga permiso de residencia permanente. En España e Italia, la naturalización por nacimiento depende de múltiples condiciones y rara vez es automática.
La adquisición de la nacionalidad a través del mecanismo de reagrupación familiar también ha sufrido un endurecimiento sustancial de los criterios, lo que ha llevado a los críticos a acusar al Gobierno de querer separar a las familias.
Las nuevas normas exigen ahora que el solicitante lleve dos años residiendo legalmente antes de poder ejercer el derecho a la reagrupación familiar. Pero el endurecimiento no se queda ahí: el Ejecutivo restringe ahora a los menores la reagrupación de personas que se encuentren en territorio nacional; "los mayores de edad tendrán que solicitarla fuera del territorio nacional y estar sujetos a la autorización de las autoridades portuguesas". También son obligatorias la acreditación de medios de subsistencia, sin incluir prestaciones sociales, y un alojamiento adecuado. Los menores deben asistir a la enseñanza obligatoria.
Retirada de la nacionalidad a los condenados
En cuanto a la posibilidad de revocar la nacionalidad por razones de seguridad o delitos graves, la propuesta portuguesa prevé la retirada de la nacionalidad a los ciudadanos naturalizados que cometan delitos especialmente graves, como asesinato o terrorismo. Esta medida tiene su paralelo en varios países europeos: Francia, Alemania y España tienen disposiciones similares para los casos de amenaza a la seguridad nacional, especialmente cuando las personas tienen doble nacionalidad.
También cabe mencionar la eliminación del régimen especial para descendientes de judíos sefardíes. Hasta hace poco, Portugal tenía uno de los regímenes más generosos de Europa en este ámbito, que permitía la naturalización sin requisito de residencia a quienes demostraran un vínculo con las comunidades sefardíes expulsadas en el siglo XV. En España, un mecanismo similar finalizó formalmente en 2021. La mayoría de los países de la UE no tienen sistemas similares.
Referéndum en Italia
En contraste con el endurecimiento europeo, Italia celebró recientemente un referéndum para reducir de 10 a 5 años el tiempo de residencia exigido para la naturalización. Aunque la mayoría (65%) de los votantes se decantó por un periodo más corto, el referéndum fracasó debido a la baja participación: sólo se presentó alrededor del 30% de los votantes.
Las propuestas del Gobierno también contemplan, como parte de la supresión del SEF, la creación de una unidad dentro de la PSP que se encargaría de vigilar las fronteras, controlar a los inmigrantes ilegales y hacer cumplir la devolución de los ciudadanos a sus países de origen.
Normas extrañas en el resto del mundo
Los requisitos para adquirir la nacionalidad en los distintos países del mundo pueden ir mucho más allá de los plazos de residencia legal y el conocimiento de idiomas. Hay un número sorprendente de Estados en los que no se permite la doble nacionalidad, por ejemplo, o en los que se exige la renuncia a la nacionalidad anterior, con la justificación de evitar la división de lealtades y garantizar que los nuevos ciudadanos tengan un compromiso exclusivo con el Estado. Es el caso de Japón, China, Sudáfrica e incluso España, que sólo permite más de un pasaporte a las personas procedentes de países iberoamericanos, Filipinas, Andorra y Guinea Ecuatorial.
En Qatar, por su parte, los solicitantes de la nacionalidad tienen que someterse a una prueba de lealtad a los valores del país, que incluye un análisis del comportamiento social del individuo, sus actitudes políticas y sus contribuciones a la sociedad del país. En el Vaticano, la nacionalidad está vinculada a los cargos públicos, que incluyen cardenales, obispos, diplomáticos, miembros de la Guardia Suiza y otros altos funcionarios de la Iglesia, lo que significa que sólo es válida mientras la persona ocupe estos cargos.
Israel permite adquirir la nacionalidad a cualquier judío o descendiente directo, mientras que Francia, además de su modelo estándar, tiene una forma diferente de obtener el pasaporte francés. La nacionalidad también puede ofrecerse a quienes realizan actos heroicos, como le ocurrió a Mamoudou Gassama, un inmigrante de Malí que se nacionalizó tras salvar a un niño de una caída en París.
En Bután, el proceso para adquirir la nacionalidad es uno de los más estrictos del mundo, ya que exige al solicitante haber residido en el país al menos 20 años, además de tener que demostrar su dominio de la lengua dzongkha. Estos ejemplos muestran cómo cada país adopta normas diferentes, reflejando intereses culturales, sociales o económicos, o incluso cambios en la política de cada Estado, como es el caso de Portugal, con esta propuesta del Ejecutivo de Luís Montenegro.
Las nuevas medidas se alejan de la postura aperturista de los últimos años y sitúan a Portugal en un nivel de exigencia superior al de muchos de sus socios europeos. Si se aprueban, los cambios dificultarán la obtención de uno de los pasaportes más valiosos del mundo, que permite viajar sin visado a 189 países.