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Reducir el "coste de Brasil" mediante la modernización y la reforma

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Un conjunto específico de condiciones económicas conocido como el "Coste Brasil" ha representado durante mucho tiempo una barrera no sólo para la inversión extranjera, sino para hacer negocios dentro del propio país. Brasil ha tenido tradicionalmente la reputación de ser un país con trámites burocráticos innecesarios, servicios públicos ineficientes y una elevada presión fiscal.

En los últimos años, una serie de políticas y leyes, desde la reforma fiscal hasta los acuerdos comerciales, han supuesto un cambio radical en la libertad económica del país. Los esfuerzos se han visto obstaculizados por la pandemia de COVID-19, pero se han hecho verdaderos progresos para hacer de Brasil una perspectiva atractiva para los inversores. Esto ha sido reconocido por organismos internacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que recientemente elogió a Brasil por haber adoptado más de los 246 instrumentos legales de la organización (más que cualquier otro país no miembro).

Se espera que Brasil pueda convertirse pronto en miembro de pleno derecho de la OCDE y disfrutar de todas las ventajas de trabajar estrechamente con otras grandes economías que proporciona la pertenencia a la misma. Sin embargo, por ahora, Brasil está clasificado como "principalmente no libre" en el Índice de Libertad Económica, que clasifica a los países según la libertad de comercio, de inversión y de derechos de propiedad.

Sin embargo, las recientes reformas gubernamentales han puesto en marcha una liberalización del entorno empresarial del país con el objetivo último de atraer la inversión extranjera. Entre las iniciativas puestas en marcha hasta ahora está la Ley de Libertad Económica, que pretende reducir la burocracia y minimizar la intervención del gobierno en las actividades económicas. Gracias a la ley, se han simplificado las normas empresariales, se ha facilitado el cumplimiento de las obligaciones fiscales y se han reducido los litigios fiscales.

Aprovechar el potencial del sector agroindustrial

El sector agrícola brasileño ha recibido un impulso con la Nueva Ley de Agronegocios, que pretende modernizar la normativa sobre financiación agrícola y atraer la inversión privada. Esto permitirá a los productores rurales obtener más créditos. La ley también contiene un mecanismo para vigorizar la inversión extranjera agilizando los procesos por los que los compradores extranjeros pueden adquirir propiedades rurales.

Otro estímulo para la agroindustria brasileña es una nueva categoría de vehículo de inversión conocido como FIAGRO (Fondos de Inversión en Cadenas Productivas Agroindustriales). Estos fondos permitirán a los inversores, a las fintechs, a los prestamistas y a las aseguradoras estructurar préstamos, garantías y planes fiscales en el sector, reduciendo la dependencia de las subvenciones públicas y disminuyendo las barreras a la inversión extranjera.

Otra medida que ha tenido un efecto estimulante sobre la inversión y ha reducido el coste del crédito es la garantía de crédito CPR (Certificado de Producto Rural), también conocida como "CPR Verde". La RCP es un instrumento importante para el crecimiento sostenible y tiene por objeto obtener recursos financieros al tiempo que se preserva la biodiversidad. En esencia, recompensa a los agricultores por conservar la vegetación autóctona y ofrece incentivos para la compensación de carbono.

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La eliminación de la burocracia y el papeleo

Detrás de estos esfuerzos por ofrecer un entorno más fértil para los negocios y la inversión hay una importante revisión de los sistemas anticuados y un avance hacia la digitalización en todas las esferas de la vida pública y empresarial. Los grandes avances en este ámbito han reforzado la capacidad exportadora de Brasil y han aumentado su participación en el comercio internacional.

En enero de 2019, alrededor de 135 millones de personas, el 62,5% de la población brasileña, se han registrado en la plataforma gubernamental gov.br, que ofrece 4.800 servicios públicos a los ciudadanos. Estos servicios incluyen la declaración de impuestos, la concesión de prestaciones sociales, la firma electrónica, los certificados de vacunación, la autentificación de documentos e incluso la venta de coches.

El rápido aumento de la accesibilidad ha sido impulsado tanto por la pandemia de COVID-19 como por la central para mitigar sus peores efectos, especialmente en las personas más vulnerables social y económicamente. La estrategia de digitalización ha sido transformadora para las empresas. En 2020, la Encuesta de Gobierno Electrónico de la ONU situó a Brasil en el primer lugar de América en cuanto a gobierno digital, y en el vigésimo del mundo.

Junto con medidas como la reducción prevista de 1,5 puntos porcentuales en los tipos impositivos aplicados a los productos importados, estas políticas han contribuido a una considerable reducción del "coste de Brasil". A medida que las estructuras empresariales del país, cada vez más liberales, atraigan más inversiones, se espera que la economía experimente un crecimiento considerable, lo que no puede sino suscitar más confianza en el ámbito mundial.