Por Sam Tobin
LONDRES, 1 nov - El Gobierno británico está incumpliendo el acuerdo de salida con la Unión Europea al exigir a los ciudadanos de la UE que vuelvan a solicitar el derecho a vivir y trabajar en Reino Unido, dijo el martes ante un tribunal de Londres un organismo independiente creado para supervisar los derechos de los ciudadanos.
La Autoridad de Supervisión Independiente (IMA, por sus siglas en inglés) dijo que el plan de asentamiento pos-Brexit del Ministerio del Interior requiere ilegalmente hasta 2,6 millones de ciudadanos de la UE para hacer una segunda solicitud después de que se les permita permanecer en Reino Unido o perder sus derechos de residencia.
Los ciudadanos de la UE y sus familiares que no habían establecido un derecho de residencia permanente antes de finales de 2020 pueden obtener un permiso limitado para entrar y permanecer en Reino Unido durante cinco años, conocido como "estatus de preasentamiento".
Robert Palmer, representante de la IMA, dijo ante el Tribunal Superior de Londres que quienes no presenten otra solicitud en los cinco años siguientes a la concesión del estatuto de preasentamiento "perderán automáticamente su derecho de residencia en el Reino Unido, convirtiéndose en un inmigrante ilegal que puede ser detenido y expulsado".
Dijo que este aspecto del plan de asentamiento de la UE —y un plan similar para los ciudadanos de los países del Espacio Económico Europeo y la Asociación Europea de Libre Comercio— es "directamente incompatible con el acuerdo de retirada".
Palmer también dijo que la Comisión Europea, que ha intervenido en el caso, apoya la interpretación de la IMA de los derechos de los ciudadanos de la UE en virtud del acuerdo de salida.
David Blundell, que representa al Ministerio del Interior, argumentó en los documentos judiciales que el plan de resolución ofrece a los ciudadanos de la UE "una protección significativamente más generosa" que la exigida en el acuerdo de salida.
También dijo que el Gobierno británico había "adoptado sistemáticamente la posición de que sería necesaria una solicitud para renovar el estatus de preasentamiento" en sus negociaciones con la Comisión Europea.
Nicholas Khan, que representa a la Comisión, dijo al juez Peter Lane que la comisión ha intervenido en el caso debido a "la importancia del asunto para el buen funcionamiento del acuerdo de salida".