Las esperanzas de que los crímenes de guerra cometidos en Israel y Gaza puedan ser enjuiciados descansan en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, y en su fiscal, Karim Khan.
PUBLICIDADLa CPI dictaminó en 2021 que su jurisdicción penal se extendía a los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y abrió una investigación formal sobre la violencia endémica en la región desde 2014.
Esto otorga a Khan el mandato de investigar los crímenes de guerra cometidos tanto en Palestina como por palestinos -incluida la incursión mortal de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre- y la respuesta militar de Israel en Gaza. Ha prometido hacer pleno uso de la fuerza de la ley para hacer justicia tanto a las víctimas israelíes como a las palestinas.
Pero los intentos de deslegitimar el mandato de Khan amenazan con paralizar la investigación y perpetuar la impunidad.
Israel no es Estado parte del tribunal y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha intentado continuamente socavar su labor, denunciando la investigación sobre Palestina como "puro antisemitismo". Estados Unidos también rechaza la legitimidad de la CPI.
La Unión Europea, que sobre el papel es firme partidaria del tribunal, también podría enfrentarse a oposición frente una investigación dirigida por la CPI desde sus propias filas debido a la posición fragmentada del bloque sobre el conflicto israelo-palestino.
Los países de la UE, divididos sobre la condición de Estado de Palestina
Aunque todos los países de la UE son Estados parte de la CPI, cinco han rechazado la jurisdicción del tribunal sobre Palestina -Austria, República Checa, Alemania, Hungría y Lituania- alegando la ausencia de un Estado palestino y el temor a la politización del tribunal.
Según la Dra. Talita Dias, investigadora del laboratorio de ideas Chatham House, las objeciones entre los Estados de la UE podrían "hacer posible que la reivindicación de jurisdicción del tribunal sobre Palestina sea impugnada una vez más, especialmente ante la sala de apelaciones". Los vetos de los Estados también podrían obstaculizar la viabilidad de las investigaciones y dejar al tribunal, que se financia con las contribuciones de los países miembros, sin los recursos necesarios.
La objeción de Israel a la investigación podría incluso suponer que las pruebas quedaran "contaminadas", según Dias.
"La CPI depende de la cooperación de todos los Estados porque no tiene poderes de ejecución o policiales propios. Depende de la cooperación de los Estados para reunir pruebas y conseguir la custodia de los acusados", ha explicado. "En la práctica, el apoyo operativo de los grandes actores es importante para el éxito de las investigaciones y los enjuiciamientos, especialmente debido a las limitaciones presupuestarias y de ejecución de la CPI", ha añadido.
Sin embargo, Anthony Dworkin, experto en política del laboratorio de ideas del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ha afirmado que las opiniones encontradas entre los países de la UE sólo "afectarían a cuestiones de respaldo retórico" y que cada uno estaría "obligado a cooperar con la investigación de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de Roma".
"La cuestión clave es si él (Khan) podrá tener acceso a Israel y Gaza", ha añadido. "Los países europeos podrían marcar la diferencia pronunciándose a favor de esto".
Bélgica ha aportado 5 millones de euros más a la investigación de la CPI sobre el conflicto entre Israel y Hamás, en un intento de impulsar la búsqueda de justicia. Los partidos de la oposición en Irlanda también han intentado, sin éxito, aprobar una moción instando al Gobierno irlandés a denunciar a Israel ante la CPI por sus acciones.
Bruselas apoya al Tribunal de La Haya
Bruselas no ha expresado objeciones a la jurisdicción del tribunal sobre Palestina, a pesar de las posiciones divergentes de sus Estados miembros. A finales de noviembre, un portavoz del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo: "Nuestro apoyo a la CPI no ha cambiado."
"Ya en 2021 la CPI inició una investigación en Palestina, y el fiscal de la CPI tiene el deber de investigar todos los presuntos crímenes en una situación concreta, independientemente de dónde se produzcan", añadió el portavoz.
No obstante, la relación de la UE con el tribunal se ha puesto a prueba en algunas ocasiones. El fiscal Khan ha criticado la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de crear un tribunal especial respaldado por la ONU para enjuiciar los crímenes de guerra en Ucrania, por considerarla contra su mandato y una fragmentación del sistema penal internacional. La medida se produjo en medio de la preocupación de que la CPI pudiera hacer poco para llevar a los responsables rusos ante la justicia, a pesar de haber emitido una orden de detención internacional contra el presidente Vladimir Putin, ya que ni Ucrania ni la Federación Rusa son Estados parte.
Dworkin cree que las medidas adoptadas por Europa para ayudar a garantizar justicia a las víctimas ucranianas de la guerra contrastan fuertemente con su respuesta al conflicto de Gaza. "Es cierto que los dirigentes y funcionarios europeos han hablado mucho menos del papel de la CPI en la guerra de Gaza que en el caso de Ucrania, donde muchos países europeos remitieron la situación a la fiscalía", ha afirmado.
Escepticismo de las potencias occidentales
Otro obstáculo a la investigación es la resistencia de los aliados de la UE, Reino Unido y Estados Unidos.
Estados Unidos no es Estado parte de la CPI, y su rechazo a la jurisdicción del tribunal en Estados que no forman parte viene de lejos. A principios de este año, la administración Biden aceptó ayudar al fiscal del tribunal en sus investigaciones en Ucrania, lo que marcó un importante punto de inflexión en la postura distanciada de Washington y puso de manifiesto su voluntad de apoyo en determinados contextos.
PUBLICIDADPero su posición sobre la investigación de Palestina no ha cambiado.
"Dada la influencia geopolítica de EE.UU. y su particular papel como mediador en el conflicto de Gaza, su falta de apoyo a la CPI puede dificultar la capacidad de la Corte para conseguir recursos y la cooperación de otros Estados", ha explicado Dias.
El Reino Unido, a pesar de ser miembro del tribunal, se ha opuesto a que la CPI reclame su jurisdicción sobre Palestina desde 2021, cuando el entonces primer ministro Boris Johnson dijo que "las acciones judiciales unilaterales [...] exacerban las tensiones y socavan los esfuerzos para avanzar en una solución negociada de dos Estados", lo que marcó un agriamiento de las relaciones entre el Reino Unido y Palestina.
El reproche de ambas potencias occidentales contrasta con el de algunos países del Sur Global, como Bangladesh, Bolivia, las Comoras, Yibuti y Sudáfrica, que remitieron la situación de Palestina al fiscal del tribunal el 17 de noviembre.
Un punto de inflexión, aunque poco probable, podría ser la voluntad de Israel de que las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre, cuando murieron unos 1200 civiles israelíes y más de 200 fueron tomados como rehenes, sean investigadas por la CPI. La semana pasada, Khan declaró que no le disuadiría de llevar a cabo una investigación, incluso si Israel mantiene su rechazo al tribunal.
PUBLICIDADCuando se le preguntó sobre una posible investigación dirigida por la CPI sobre el ataque de Hamás, el embajador israelí ante la UE, Haim Regev, dijo a Euronews en una conferencia de prensa en Bruselas que "Hamás cometió crímenes de guerra, sin duda".
"Ahora no es el momento de discutirlo, mientras estamos en guerra, pero volveremos sobre ello cuando sea el momento adecuado", ha añadido Regev.