Solo el 69% de los rumanos de entre 20 y 64 años tienen un empleo, lo que significa que casi un tercio de la población no trabaja.
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El sindicato nacional de Rumanía organizó una protesta en la capital del país el lunes para exigir una reducción de los impuestos sobre los salarios. En ella participaron unos 3.000 sindicalistas, enfadados por lo que llaman un "mercado laboral hostil".
Las dificultades en el ámbito laboral han llevado a unos cinco millones de rumanos a emigrar en busca de mejores salarios en el extranjero.
"Estamos abrumados por los impuestos y las tasas, hay que bajarlos", dijo un manifestante. "Sobre todo los impuestos por el trabajo. Así podríamos elevar nuestro nivel de vida y no tendríamos que irnos al extranjero".
Los manifestantes afirman que más del 42% de sus ingresos brutos van a parar a las arcas del Estado, frente al 38% de media en la UE.
Los bajos salarios y la elevada fiscalidad hicieron que Rumanía registrara en 2023 la tercera tasa de empleo más baja de la UE, tras Italia y Grecia, según datos de Eurostat.
Solo el 69% de los rumanos de entre 20 y 64 años tienen un empleo, lo que significa que casi un tercio de la población no trabaja.
"En este momento tenemos un nivel de fiscalidad extremadamente alto", dijo el presidente del Bloque Sindical Nacional, Dumitru Costin. "Además, tenemos problemas con casi dos millones de ciudadanos que el año pasado no pagaron ni un céntimo de impuestos por sus ingresos o cotizaciones a pensiones o sanidad".
En 2023, Rumanía tenía una población empleada de 7,7 millones de personas, pero solo 5,6 millones cotizaban a la Seguridad Social. 2,1 millones de personas empleadas no cotizaban, aunque, en algunos casos, recibían prestaciones.
Kontas Management, una empresa de servicios contables con sede en Bucarest, afirma que el tipo básico del impuesto sobre la renta está fijado en el 10%, pero las cotizaciones obligatorias de los empleados al fondo social, al seguro de enfermedad, a las prestaciones de desempleo y al presupuesto del Estado elevan mucho más el porcentaje del salario bruto que se lleva el Estado.