La UDEF denuncia información incompleta sobre Plus Ultra mientras aumenta la presión política sobre el Gobierno con la imputación de Zapatero y la exigencia de elecciones de Felipe González.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha denunciado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) remitió documentación incompleta y defectuosa sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Según el informe policial incorporado a la causa, los investigadores recibieron carpetas "vacías de contenido", archivos "que no pueden ser abiertos" y documentación que no se corresponde con la solicitada. La UDEF sostiene además que faltan correos electrónicos clave y actas relacionadas con la tramitación de la ayuda pública aprobada durante la pandemia.
Los agentes aseguran también que la SEPI no remitió determinados documentos que sí aparecen citados en otros expedientes o que incluso son de acceso público. Entre ellos, mencionan el certificado que acreditaba que la aerolínea estaba al corriente de pago con la Seguridad Social en 2020, requisito indispensable para acceder al fondo de rescate.
La Policía reprocha además que, tras un segundo requerimiento judicial, la cantidad de documentación enviada fue todavía menor que en la primera entrega, lo que, según la UDEF, ha dificultado el avance de la investigación. La SEPI, por su parte, sostiene que ha remitido toda la información requerida por el juzgado.
La imputación de Zapatero sacude al Gobierno y a sus socios
El caso ha adquirido una nueva dimensión política tras la imputación de Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El juez investiga si el exdirigente socialista participó en una trama para facilitar el rescate de Plus Ultra mediante su influencia política.
La imputación ha provocado inquietud entre algunos socios parlamentarios del Ejecutivo. El presidente del PNV, Aitor Esteban, calificó de "irresponsable" que el Gobierno continúe "más allá de 2026" sin presupuestos ni una mayoría estable y abrió la puerta a un adelanto electoral.
En paralelo, el expresidente socialista Felipe González pidió elecciones anticipadas y afirmó que "debería haber elecciones este año", aunque defendió la presunción de inocencia de Zapatero. González también rechazó la posibilidad de una moción de censura porque, a su juicio, desviaría el foco del caso judicial.
Otra de las líneas que analiza la investigación son las transferencias económicas recibidas por sociedades vinculadas al entorno de Zapatero. Según la documentación incorporada al sumario, el expresidente habría recibido 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025 procedentes de empresas relacionadas con la trama investigada, aunque no todas las operaciones están bajo sospecha y parte de esos pagos corresponderían a actividades de consultoría y conferencias.
La causa judicial investiga las circunstancias en las que Plus Ultra obtuvo el rescate público de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI durante la crisis del COVID-19.