El alto tribunal extingue la responsabilidad penal de ocho personas condenadas por desórdenes públicos y desobediencia tras las protestas contra la sentencia del 'procés'. Es la primera vez que el Supremo aplica la ley de amnistía desde su entrada en vigor.
El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la ley de amnistía al acordar la extinción de la responsabilidad penal de ocho personas condenadas por delitos de desórdenes públicos y desobediencia por su participación en las protestas registradas en Cataluña tras la sentencia del 'procés', en 2019. La decisión supone el primer pronunciamiento del alto tribunal que aplica la norma desde su entrada en vigor en junio de 2024.
Los ocho afectados habían sido condenados por la Audiencia de Girona por los disturbios ocurridos durante las movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas. La resolución estima parcialmente los recursos presentados por los condenados y declara extinguida su responsabilidad penal, al considerar que los delitos encajan en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía.
Entre los beneficiados por la decisión figuran cuatro antiguos miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, el exalcalde de Sabadell, Maties Serracant, y tres personas condenadas por desórdenes públicos durante las protestas que siguieron a la sentencia del 'procés'. En el caso de los exmiembros de la Mesa, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya los había absuelto del delito de desobediencia, pero la sentencia aún no era firme al encontrarse recurrida ante el Supremo.
Un primer paso en la aplicación de la ley
Se trata de la primera ocasión en que el Supremo aplica la ley de amnistía, después de haber rechazado hasta ahora su aplicación en otras causas vinculadas al 'procés', especialmente en las relacionadas con el delito de malversación. La resolución se limita al caso de estos ocho condenados por desórdenes públicos y desobediencia y no modifica la situación procesal de los principales líderes independentistas.
La decisión llega una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la ley de amnistía, en un procedimiento en el que no quedaban pendientes otras decisiones que justificaran retrasar la aplicación de la norma.
El Constitucional aún debe pronunciarse sobre varios recursos de amparo. El primero de ellos, correspondiente al exconseller Jordi Turull, está previsto que sea examinado por el tribunal de garantías el próximo 22 de septiembre.