Miles de menores siguen desprotegidos en una Ceuta desbordada mientras España debate su traslado a la Península o su posible retorno a Marruecos. Cinco organizaciones explican a 'Euronews' los límites de la ayuda humanitaria y alertan de posibles vulneraciones de derechos humanos.
Si uno pasea por Ceuta estos días, encontrará una ciudad que todavía lleva las huellas de la llegada masiva de inmigrantes de finales de julio. Miles de personas permanecen todavía en la ciudad mientras los recursos de acogida tratan de absorber una emergencia que ha desbordado su capacidad. En las calles hay inmigrantes que duermen a la intemperie, vecinos que reparten comida y asociaciones que llevan casi dos semanas cocinando sin descanso.
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La situación es de "vulnerabilidad completa", describe a 'Euronews' Halima Ahmed, portavoz y educadora social de la ONG ceutí Luna Blanca. Hay personas que comen una sola vez al día y que dependen de organizaciones humanitarias o incluso de vecinos que preparan comida en sus propias casas. Luna Blanca llegó a repartir 3.500 táperes de comida en su primer día de respuesta y desde entonces ha continuado cocinando diariamente con ayuda de voluntarios y donaciones.
Dentro de esta crisis hay un colectivo especialmente vulnerable: los menores. Entre quienes permanecen fuera de los recursos de acogida hay niños y adolescentes que todavía no han entrado en el sistema de protección. Algunos, según las organizaciones que trabajan en Ceuta, permanecen escondidos porque tienen miedo de acudir a los centros habilitados por las autoridades.
Saber cuántos son forma parte del problema. Unos 1.500 menores no acompañados ya han sido identificados y se encuentran dentro del sistema de protección, pero Save the Children estima que más de 4.000 permanecen todavía sin identificar en Ceuta. Algunos se esconden o continúan fuera del alcance de los dispositivos de protección, mientras los recursos de acogida están desbordados.
Su situación ha abierto otra crisis, esta vez política: qué hacer con ellos. Mientras Ceuta asegura no tener capacidad para asumir en solitario su acogida, el traslado de menores a la Península divide a las comunidades autónomas y el posible retorno de algunos a Marruecos plantea interrogantes sobre las garantías que deben acompañar cualquier repatriación.
En paralelo, las ONG que intentan cubrir las necesidades más inmediatas se enfrentan también a acusaciones de ir más allá de la asistencia humanitaria y facilitar supuestamente la salida irregular de inmigrantes hacia la Península. 'Euronews' ha hablado con cinco organizaciones para radiografiar una crisis en la que se cruzan la emergencia humanitaria, la protección de los menores, el debate sobre su reparto y los límites de la propia ayuda.
Menores expuestos a violencia, trata y explotación
La precariedad afecta especialmente a quienes han cruzado la frontera solos. "Cada noche que pasa un niño o una niña en la calle está expuesto a grandes riesgos, desde riesgo de violencia, de trata o explotación, a riesgos de carácter psicosocial o incluso sanitarios", advierte Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children.
La organización asegura que ha recibido, a través de otras entidades que trabajan sobre el terreno, relatos de situaciones de violencia y agresiones sexuales, aunque precisa que no ha atendido directamente esos casos.
El problema no afecta únicamente a quienes siguen en la calle. Los recursos habilitados para quienes ya han entrado en el sistema de protección también están al límite. "Es imposible que con los recursos que tiene la ciudad autónoma, los centros de acogida, con los medios que tienen, cumplan con las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia", sostiene Perazzo.
Unicef comparte el diagnóstico. La agencia señala que todavía hay muchos menores en las calles y que los centros de protección están "totalmente saturados". Su prioridad inmediata es saber cuántos son, quiénes son y dónde están. "Ahora mismo no todos los niños en Ceuta están protegidos, están seguros, sino que están en situación de desprotección", resume a 'Euronews' el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierten además de que los menores que todavía no han sido identificados no pueden acceder plenamente al sistema de protección ni a una atención adaptada a sus necesidades, incluida la asistencia psicológica o el asesoramiento jurídico. "Se encuentran en situaciones de desamparo", señala Verónica Laorden, responsable estatal del Servicio de Incidencia, Investigación y Estudios de CEAR.
La urgencia, coinciden las organizaciones, pasa primero por localizar, identificar y proteger a todos los menores. Pero con los recursos de acogida al límite aparece inmediatamente otra pregunta: si Ceuta no puede asumirlos sola, ¿quién debe hacerlo?
El polémico reparto: ¿Península o Marruecos?
Mientras algunas comunidades autónomas han mostrado sus reticencias a recibir a los menores no acompañados, las organizaciones consultadas por 'Euronews' defienden, con diferentes matices, que Ceuta no puede asumir sola la situación.
Para Amnistía Internacional, el debate no puede reducirse a qué comunidades quieren —o no— recibir menores. "El Estado tiene que garantizar el interés superior del menor y este interés superior del menor prima más allá de otros estatutos, como por ejemplo el migratorio", afirma Dani Canales, investigador de Amnistía Internacional.
Save the Children también considera necesario acelerar el traslado de menores a la Península, donde puedan ser acogidos mientras se estudia individualmente cuál debe ser la solución para cada uno. La organización reclama corresponsabilidad entre los territorios españoles y recuerda que la gestión de los movimientos migratorios exige también una respuesta compartida a escala europea.
Pero el traslado a la Península no tiene por qué ser definitivo. Sobre la mesa está también la reunificación familiar en Marruecos. Unicef, Save the Children, CEAR y Amnistía coinciden en que cualquier decisión debe adoptarse individualmente y atendiendo al interés superior del menor.
Antes de un retorno, las organizaciones reclaman comprobar si necesita protección internacional, escuchar su voluntad, localizar a su familia y determinar si constituye realmente un entorno seguro. "No se pueden hacer devoluciones de manera generalizada", sostiene Laorden.
Save the Children recuerda además que ambas opciones no son incompatibles: un menor puede ser trasladado temporalmente a otra comunidad mientras se estudia si la reunificación familiar en Marruecos es posteriormente la solución adecuada.
Cuando la ayuda llega antes que la Administración
Mientras las instituciones deciden cómo reorganizar la acogida, buena parte de la respuesta inmediata ha recaído sobre organizaciones y vecinos. Pero las ONG advierten de que no pueden sustituir indefinidamente a la Administración.
"La atención humanitaria no puede recaer exclusivamente en las organizaciones", sostiene Laorden. Para CEAR, superados los primeros días de emergencia, corresponde al Estado garantizar la atención y los derechos de quienes permanecen desamparados.
Es ahí donde aparece una de las paradojas de la crisis: algunas organizaciones aseguran tener personal y recursos para intervenir, pero no siempre las competencias para hacerlo por su cuenta.
Save the Children afirma haberse puesto a disposición tanto de la ciudad autónoma como del Estado, pero la protección de los menores es una competencia pública y la organización necesita autorización para determinadas intervenciones. "La única frustración es que necesitamos que nos den permiso para poder hacerlo", explica Perazzo.
La batalla contra la desinformación
En redes sociales han circulado acusaciones que sostienen que determinadas organizaciones humanitarias estarían ayudando a inmigrantes a abandonar Ceuta irregularmente hacia la Península. Entre ellas, mensajes e imágenes no verificadas relacionadas con personas que portaban bolsas de Cruz Roja en un ferry.
'Euronews' preguntó expresamente a las organizaciones entrevistadas si conocían casos en los que ONG hubieran facilitado de forma irregular esos traslados. Ninguna de las fuentes consultadas aportó casos que permitan sostener esa acusación. Cruz Roja rechazó una entrevista con 'Euronews', pero negó las acusaciones en declaraciones a 'RTVE Verifica'.
Amnistía Internacional asegura haber seguido también otros episodios de desinformación relacionados con la crisis, entre ellos imágenes de altercados presentadas como recientes y ocurridas en Ceuta que, según la organización, no correspondían ni al lugar ni al momento que se les atribuía.
Para Canales, la desinformación termina desplazando el debate sobre una emergencia en la que siguen existiendo personas que necesitan asistencia y protección. "Esto desvía el debate hacia otros lugares, lo desvía con base en información no veraz para, de alguna manera, instrumentalizar ciertos mensajes", asegura.
Amnistía ve indicios de posibles vulneraciones de derechos
Mientras tanto, Amnistía Internacional continúa recabando información sobre la actuación de las autoridades españolas durante la crisis y ha trasladado sus preocupaciones al ministro del Interior y al delegado del Gobierno en Ceuta. Entre ellas está la posibilidad de que se hayan producido devoluciones sin las garantías necesarias.
Canales insiste en que la investigación continúa abierta y evita presentar como hechos probados las posibles vulneraciones que les han llegado. Sin embargo, asegura que los indicios recabados hasta ahora hacen pensar "preliminarmente" que podrían haberse producido vulneraciones de derechos humanos y "devoluciones sumarias e ilegales".
La cuestión cobra especial relevancia después de que España y Marruecos acordaran reforzar la coordinación para repatriar "a la mayor brevedad posible" a las personas que hubieran entrado irregularmente en Ceuta. El acuerdo fue confirmado tanto por el Ministerio del Interior español como por fuentes oficiales marroquíes.
Pero las críticas no se dirigen únicamente a España. Organizaciones de la sociedad civil marroquí han denunciado también el uso político de la migración por parte de Rabat y han reclamado responsabilidades por la situación que empuja a miles de jóvenes a intentar abandonar el país.
Para Amnistía, lo ocurrido en Ceuta tampoco puede analizarse de forma aislada. La organización sitúa la crisis dentro de un problema más amplio de la política migratoria europea que, a su juicio, ha priorizado "el cierre de fronteras" frente al establecimiento de "vías legales y seguras para emigrar" y solicitar asilo.
La falta de alternativas legales, sostiene Amnistía, empuja a algunas personas hacia rutas cada vez más peligrosas. La organización reclama que cualquier devolución, independientemente de cómo se haya producido la llegada, respete las garantías previstas por el Derecho internacional y permita identificar posibles situaciones de vulnerabilidad o necesidades de protección internacional.
CEAR insiste también en que la urgencia de la situación no puede justificar que se relajen las garantías legales. "No podemos jugar con los derechos humanos", sentencia Verónica Laorden.
Una ciudad entre la solidaridad y el agotamiento
Casi dos semanas después, Luna Blanca describe también una sociedad ceutí agotada. Ahmed habla de barrios saturados, suciedad y una creciente sensación de inseguridad entre algunos vecinos, pero rechaza que ese malestar sirva para criminalizar en bloque a quienes han llegado.
"No es cuestión de criminalizar a las personas. No son números, son personas", sostiene.
Mientras continúa el debate sobre cuántos menores deben ser trasladados, dónde deben ser acogidos y quién debe asumir su protección, las organizaciones consultadas coinciden en que hay una cuestión previa todavía sin resolver para todos ellos: saber quiénes son, dónde están y garantizar que están a salvo.