Los líderes de la UE han expresado su apoyo al Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara nuevas sanciones contra altos cargos que investigan presuntos crímenes de guerra israelíes.
La presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, han expresado su apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, después de que la administración estadounidense anunciara sanciones contra altos cargos que investigan las acciones de Israel en Gaza.
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"La CPI contribuye a hacer justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más atroces del mundo", declararon ambos dirigentes europeos en un comunicado. "Para poder realizar esta labor esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar con independencia y sin presiones externas", añadieron.
El martes, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció que Washington impondría sanciones a la presidenta de la CPI, la japonesa Tomoko Akane, y al alto jurista senegalés Abdoulaye Seye, encargado de investigar los crímenes de guerra que supuestamente habría cometido Israel en su ofensiva en Gaza.
Rubio calificó al tribunal de "instancia supranacional corrupta y fatalmente politizada, que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha excedido en su mandato", y añadió que EEUU "no tolerará su ataque contra la soberanía de los Estados".
Sostuvo además que ambos responsables se habían implicado en esfuerzos por "procesar a cargos cuyos gobiernos no han aceptado la jurisdicción de la CPI". Aunque ni Israel ni EE.UU. son Estados parte de la CPI, Palestina es miembro desde 2015, lo que permite al tribunal examinar los crímenes que supuestamente se habrían cometido en su territorio.
A primera hora del miércoles, Países Bajos criticó duramente la decisión de EE.UU., y el ministro de Exteriores, Tom Berendsen, afirmó que su Gobierno "desaprueba" las sanciones.
Un portavoz del Gobierno alemán afirmó igualmente que Berlín respalda a la CPI y añadió que el tribunal "ha hecho rendir cuentas a los culpables de los crímenes más graves" y que "está cumpliendo su mandato exactamente como se concibió". La CPI ha calificado las sanciones de "ataque flagrante" a la independencia del tribunal.
Las sanciones anunciadas el martes son el último episodio de una serie de intentos recientes de la administración Trump de desacreditar a la institución con sede en La Haya.
EE.UU. ya ha sancionado a hasta 11 altos cargos del tribunal, entre ellos su exfiscal jefe Karim Khan. Rubio ya había hablado del deseo de EE.UU. de "desmantelar" el tribunal "ladrillo a ladrillo", y dijo que instaría a los Estados parte a retirarse del Estatuto de Roma que lo rige.
Venezuela y Chad se han convertido recientemente en los últimos países en anunciar su retirada de la institución. El anterior Gobierno húngaro, encabezado por Viktor Orbán, también anunció su intención de abandonar la CPI, pero la decisión fue revocada tras la rotunda victoria electoral en abril del primer ministro Péter Magyar.
Los 27 Estados miembros de la UE forman parte de la CPI. Sin embargo, la orden de detención dictada por el tribunal contra Benjamin Netanyahu sigue suscitando reacciones dispares y a menudo ambiguas entre los responsables europeos, y países como Francia, Alemania e Italia se niegan a comprometerse públicamente a ejecutar la orden si Netanyahu pisa su territorio.
Algunos eurodiputados de alto rango pidieron el miércoles a la UE que vaya más allá en su condena de las nuevas sanciones. La presidenta del grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, instó al bloque a activar el denominado Estatuto de bloqueo, un escudo jurídico que haría ilegal que las empresas y bancos con sede en la UE cumplieran las sanciones.
Las sanciones estadounidenses han tenido un profundo impacto en la vida cotidiana de los jueces de la CPI. El juez francés Nicolas Guillou explicó a 'Euronews' a comienzos de este año que la falta de alternativas europeas para servicios esenciales implicaba que las restricciones a las que se enfrenta serían similares a una "verdadera muerte civil" para un europeo más joven.