El Ministerio Público destaca que la entrada masiva se produjo en territorio español y aprecia posibles delitos de inmigración irregular, homicidio, lesiones y organización criminal.
La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar la crisis generada por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales del pasado mes de julio, al entender que los tanto los hechos, como sus principales efectos, se produjeron en territorio español, si bien ha solicitado que parte de las investigaciones se mantengan bajo secreto de sumario.
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En un comunicado, citado por medios locales, el Ministerio Fiscal señala que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha trasladado a la juez María Tardón que considera a este tribunal "competente para conocer del asunto referido", puesto que el incidente tuvo lugar "en territorio nacional".
La Fiscalía, no obstante, apunta que una parte sustancial de la planificación y coordinación de la operación se habría desarrollado en Marruecos, mientras que la ejecución material y "los efectos más relevantes" se produjeron en España. Y concluye que la Audiencia Nacional está capacitada para "afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".
En esta fase inicial, los hechos podrían ser constitutivos, "sin perjuicio de la ulterior clarificación jurídico que resulte de la instrucción", de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones graves por imprudencia, además de un posible delito de organización o grupo criminal.
La Fiscalía también plantea que la investigación determine si los hechos pudieran afectar al orden público o a bienes jurídicos colectivos, como "la paz o independencia del Estado".
Por último, el Ministerio Público ha pedido a la juez Tardón que declare el secreto parcial de las actuaciones, alegando "la concurrencia de razones excepcionales". La magistrada abrió diligencias preliminares tras una denuncia del partido Iustitia Europa y deberá decidir ahora si mantiene la investigación en la Audiencia Nacional.
Disenso entre el ministerio del Interior y los órganos judiciales
La decisión de la Fiscalía llega después de que Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, trasladara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su "preocupación" por la actuación de Tardón en relación con un informe policial sobre la crisis. En una carta dirigida a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, el ministro cuestionó que la magistrada de la Audiencia Nacional hubiera prohibido a los agentes que elaboraron el documento informar de sus pesquisas a sus superiores.
El ministro defendió que, sin menoscabar la independencia judicial, la Policía debería poder facilitar al Gobierno la información relevante para gestionar una crisis de esta magnitud, especialmente al estar declarada la situación de interés para la seguridad nacional. El CGPJ, sin embargo, respaldó la actuación de Tardón y recordó a Grande-Marlaska que la Policía Judicial debe colaborar con los órganos judiciales cuando estos lo requieran.
Perelló señaló, además, que los órganos de gobierno del Poder Judicial no pueden aprobar, censurar ni corregir las decisiones de los jueces y pidió "máximo respeto" a la actuación de Tardón. Ahora la magistrada deberá decidir si mantiene las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional.