Astana ha lanzado incentivos fiscales y reformas regulatorias para atraer a inversores en criptomonedas a plataformas locales autorizadas y reactivar un sector que se marchó tras el parón posterior al boom de la minería.
Hace cinco años, cuando Kazajistán se convirtió en uno de los mayores centros mundiales de minería de criptomonedas, el boom tensionó la red eléctrica del país y la respuesta del Gobierno provocó que la mayoría de los mineros abandonaran el país o pasaran a la clandestinidad.
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Ahora el Gobierno kazajo quiere recuperar esa actividad ofreciendo ventajas fiscales y seguridad jurídica.
El Gobierno kazajo ha firmado un decreto con el que pretende animar a los ciudadanos a declarar sus tenencias de criptomonedas, trasladarlas a plataformas nacionales reguladas e integrar los activos digitales en la economía del país.
Las autoridades ofrecen a los inversores particulares una exención del impuesto sobre la renta personal durante tres años por los ingresos procedentes de operaciones con activos digitales, siempre que esos activos no estén vinculados a fraudes, blanqueo de capitales ni a servicios cripto no autorizados.
La decisión ha abierto la puerta a facilitar la actividad de los mineros en el país y a que todos puedan beneficiarse.
Un auge cripto truncado
La minería de criptomonedas utiliza potentes ordenadores para resolver complejos problemas matemáticos con el fin de verificar y añadir transacciones a una cadena de bloques, el registro en el que se recoge el historial de operaciones de una criptomoneda.
Los mineros que logran completar estas operaciones son recompensados con criptomonedas que se ingresan directamente en sus monederos digitales personales, lo que en algunos casos, como el de Bitcoin, puede generar beneficios significativos.
El inconveniente es que el proceso consume enormes cantidades de energía porque los cálculos requieren un procesamiento continuo.
Tras la prohibición de la minería de Bitcoin en China en 2021, muchos mineros empezaron a buscar nuevos lugares con energía barata.
En ese momento Kazajistán se convirtió rápidamente en el segundo mayor enclave para la minería de Bitcoin, solo por detrás de Estados Unidos. Mucha gente intentó aprovechar el negocio, hasta el punto de instalar equipos de minería en los balcones de sus casas.
Algunos llegaron a disfrazar las granjas de minería como almacenes de verduras, invernaderos o centros de datos de inteligencia artificial en antiguas instalaciones industriales de la era soviética para ocultar su enorme consumo eléctrico.
El país no llegó a disfrutar mucho tiempo del auge cripto. La rápida llegada de mineros supuso una enorme carga para la envejecida red eléctrica del país.
En octubre de 2021, el aumento de la demanda de electricidad contribuyó a interrupciones en tres centrales eléctricas del noreste de Kazajistán, mientras que los cortes rotatorios afectaron a varias regiones. En su punto máximo, se estimaba que los mineros de criptomonedas consumían un 8% de la producción total de electricidad de Kazajistán.
Las autoridades respondieron endureciendo una y otra vez la regulación sobre el consumo de electricidad y la legalización de los activos digitales, lo que llevó a la marcha de los mineros al extranjero y a la proliferación de operaciones ilegales.
Kazajistán nunca llegó a prohibir totalmente la minería de criptomonedas, con lo que mantuvo abierta la posibilidad de aprovechar su potencial en el futuro.
Según el regulador financiero de Kazajistán, el Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC), los ciudadanos kazajos poseen aproximadamente 1 millón de carteras de criptomonedas.
El AIFC, inspirado en la zona financiera franca DIFC de Dubái, ha funcionado como laboratorio de innovación financiera de Kazajistán y actúa como autoridad supervisora de las empresas de activos digitales que operan en el país.
Esa cifra es casi cuatro veces superior al número de usuarios registrados en las bolsas locales autorizadas, que en marzo alcanzaron los 256.900.
El retorno de los criptoactivos al país
Atraer de nuevo a los propietarios de criptoactivos a sus países de origen mediante incentivos y marcos jurídicos simplificados se ha convertido en una tendencia global en los últimos años, según los expertos.
Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Singapur han aplicado medidas fiscales similares acompañadas de licencias claras, regulación y acceso a servicios bancarios, lo que ha supuesto ingresos adicionales.
El decreto también aborda la cuestión energética que desencadenó la anterior crisis minera de Kazajistán.
Según el plan, el gas asociado de los yacimientos petrolíferos que no sea necesario para el Estado podrá utilizarse para generar electricidad destinada a las operaciones de minería, ampliando las opciones de los mineros más allá de la red eléctrica nacional.
El director general de Binance Kazakhstan, Nurkhat Kushimov, considera que el incentivo fiscal es la medida más importante del decreto.
"Se trata de un incentivo fuerte para que los usuarios elijan jurisdicciones reguladas y las plataformas que operan en ellas", declaró Kushimov a Euronews.
"Este enfoque hace que trabajar en un entorno con licencia resulte más atractivo, refuerza la confianza en el mercado y crea las condiciones para su desarrollo futuro", añadió.
El presidente de la Asociación kazaja de Fintech, IA e Industria Cripto, Bakhytzhan Kenzhebayev, considera que el incentivo fiscal despeja una de las principales dudas de los inversores privados, concretamente cuándo y sobre qué base nace la obligación tributaria. Pero la medida por sí sola no basta.
"Los usuarios eligen una plataforma no en función del tipo impositivo, sino de una combinación de factores, como la facilidad para ingresar y retirar la moneda local, la liquidez y la claridad de las normas", explicó Kenzhebayev a Euronews.
"Para un operador con licencia, la previsibilidad de la norma es más valiosa que la ventaja en sí".
El presidente de la Asociación de Blockchain y Minería Digital de Kazajistán, Daniyar Mubarakov, declaró a Euronews que cualquier apoyo del Gobierno es bienvenido, aunque se pregunta cuánto tiempo funcionará esta medida.
"Para determinadas categorías de empresarios, los regímenes fiscales preferentes significan no solo una reducción de impuestos en el periodo actual, sino también un posible aumento de los impuestos de varias veces en el futuro debido al incremento de los volúmenes", señaló Mubarakov.
El viceministro de IA y Desarrollo Digital, Gizzat Baitursynov, afirmó que su departamento trabaja en una propuesta para un régimen fiscal simplificado una vez expire la exención dentro de tres años.
Añadió que el departamento también está trabajando para anular las inspecciones fiscales a inversores privados correspondientes a los tres años anteriores.
Más allá de los incentivos fiscales
Los expertos señalan que el regreso de los inversores privados kazajos a las plataformas nacionales dependerá de la competitividad de estas.
"Para la mayoría de los usuarios, la comodidad del servicio, la liquidez, la disponibilidad de instrumentos, la rapidez de las transacciones y la posibilidad de interactuar sin fricciones con el sistema bancario siguen siendo factores clave", apuntó Kushimov.
Según Kenzhebayev, los principales riesgos residen ahora en las definiciones legales y la terminología utilizada. Si la exención se define de forma demasiado amplia, podría abrir la puerta a abusar del sistema y evitar el pago de impuestos sobre otros activos ajenos a las criptomonedas.
"Esto crea el riesgo de una marcha atrás de la norma en uno o dos años, y eso causa más daño al mercado que un tipo inicialmente alto pero estable", explicó Kenzhebayev.
También advirtió de que un mismo activo digital puede tratarse como dos cosas diferentes según se rija por las normas del AIFC o por las normas nacionales de Kazajistán, lo que a su vez obligaría a las empresas a cumplir simultáneamente dos marcos jurídicos distintos.
"La dificultad surge en la intersección. Como resultado, el participante acaba construyendo dos infraestructuras paralelas para un mismo negocio, lo que se refleja en los costes", señaló.
Kenzhebayev añadió que las rebajas fiscales por sí solas no bastarán para atraer a los usuarios a las plataformas kazajas con licencia.
Lo decisivo, afirmó, sería contar con un acceso fiable al sistema bancario, normas claras para convertir cripto en la moneda local, requisitos sencillos para la custodia segura de los activos de los clientes y un entorno regulatorio que no sitúe en desventaja a los operadores con licencia.