Transferir a los demandantes de asilo que intentan llegar a Australia a centros de detención en otros países es una práctica legal. Así lo asegura al
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Transferir a los demandantes de asilo que intentan llegar a Australia a centros de detención en otros países es una práctica legal. Así lo asegura al menos el Tribunal Superior australiano que ha rechazado la demanda de una mujer de Bangladesh que pretendía permanecer en el país tras el nacimiento allí de su hijo.
“La legalidad es una cosa y la moralidad es otra. Es algo completamente equivocado condenar a estas personas a llevar una vida en el limbo en una pequeña isla… Apenas una firma es lo que necesitaría nuestro primer ministro o el titular de inmigración para hacer algo decente con todo esto…”, señala el abogado de la mujer.
Esta decisión abre la puerta a deportar a otras 260 personas que están en las mismas condiciones. Entre ellos hay cerca de un centenar de menores que también fueron trasladados por razones médicas desde los centros de detención que el país tiene en las islas de Nauru y Manus. Pese a ello el Gobierno australiano insiste:
“No hay duda de que si queremos proteger nuestras fronteras, si queremos impedir que haya más gente que se ahogue en el mar, si queremos mantener el apoyo a nuestra política de inmigración, si queremos que la capacidad de acogida de los refugiados sirios se incremente en 12.000 personas adicionales, entonces necesitamos una fuerte política de protección de fronteras y este gobierno debe permanecer firme en ese objetivo”, señala el Malcolm Turnbull, primer ministro de Australia.
Activistas, organizaciones humanitarias e incluso Naciones Unidas han denunciado la política migratoria de Australia al considerar que es un sistema insostenible e ilegal de acuerdo con la legislación internacional.