El proceso de destitución contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, comenzó en diciembre, cuando el entonces presidente de la cámara baja del
PUBLICIDADEl proceso de destitución contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, comenzó en diciembre, cuando el entonces presidente de la cámara baja del Congreso aceptó una petición presentada por los partidos de la oposición. Rousseff, acusada de manipular ilegalmente las cuentas del Gobierno cuando buscaba la reelección en 2014, negó las acusaciones.
Dilma Rousseff, presidenta de Brasil:
“No tienen nada en mi contra”. No hay contra mí ninguna sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas públicas en el exterior ni oculté al conocimiento público la existencia de bienes personales”
La presidenta sufrió un primer revés importante el 11 de abril, cuando la comisión del Congreso encargada de investigar las acusaciones allanó el camino para una votación en la Cámara de Diputados. La histórica votación tuvo lugar el 17 de abril: dos tercios de los 513 diputados de la Cámara Baja votaron a favor de la apertura del impeachment de Dilma Rousseff.
Para complicar aún más el asunto, la semana pasada el Tribunal Supremo apartó de su cargo a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja que dió vía libre a la destitución de Rousseff por acusaciones de corrupción. Su lugar fue ocupado por Waldir Maranhao, que dio un impredecible giro a la crisis política al suspender el impeachment alegando irregularidades en la sesión de voto el 17 de abril. Esta última vuelta de tuerca sembró la confusión en cuanto a lo que sucedería a continuación, sobre todo porque el presidente del Senado, Renán Calheiros, tildó la decisión de Maranhão de “tontería antidemocrática” y anunció que el proceso continuaría como estaba previsto.
Para suspender a Rousseff el miércoles en el Senado y que el vicepresidente Michel Temer asuma sus funciones se requiere una mayoría simple.
Los senadores tendrán entonces 180 días para juzgar a Rousseff. Si dos tercios de sus miembros votan a favor de la destitución, Rousseff será privada de sus derechos políticos y no podrá presentarse al cargo durante ocho años, y el vicepresidente Michel Temer asumirá la jefatura del Estado para el resto de su mandato (31 de diciembre 2018).
Vicepresidente desde el primer mandato de Rousseff y cuyo Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDP) dejó el Gobierno de coalición en abril, Temer no ha ocultado que está listo para asumir la presidencia. El problema es que también puede enfrentar un juicio político, basado en acusaciones de corrupción. Una perspectiva que ensombrece la legitimidad de su posible mandato.