Un juez de Hawai ha frenado la segunda versión del decreto presidencial anti-imigración de Donald Trump, a escasas horas de que entrara en vigor.
PUBLICIDADEsta vez ha sido en Hawai. Un juez de Honolulu ha frenado la segunda versión del decreto presidencial anti-imigración, a escasas horas de su entrada en vigor. La principales razones: atenta contra la libertad religiosa, perjudica a los musulmanes del archipiélago, al turismo y a los estudiantes extranjeros. Según el ministro de Justicia de Hawai, Doug Chin: “El hecho de que se molestaran tanto por buscar un tono más neutro no ha sido más que un pretexto. En realidad queda patente que intentan enmascarar la animosidad religiosa y animosidad, como saben, es sinónimo de hostilidad”.
Con respecto al primer decreto firmado el 21 de enero, en éste segundo, del 6 de marzo, se suprimieron los elementos más controvertidos.
En la primera versión, se prohibía la entrada en Estados Unidos a los nacionales de siete países de mayoría musulmana, entre ellos: a los iraquíes, durante 90 días; a los refugiados del mundo entero, durante 120; y a los sirios, indefinidamente.
En el segundo decreto: los refugiados sirios pasan a tener prohibida la entrada durante 120 días e Irak desaparece de la lista negra.
En Seattle, Bob Ferguson el ministro de Justicia del Estado de Washington, que frenó el primer texto, ha aplaudido la suspensión del segundo: “Es exactamente lo que pretendemos, exactamente lo que están buscando los demandantes en el caso de Maryland, lo que todos mis colegas persiguen en estados como Nueva York, California, Maryland, Massachusetts, Oregón. Es lo que todos estamos buscando. Es fantástico “.
En Maryland, los demandantes: un grupo de asociaciones de ayuda a los refugiados, cuestionan el argumento de la seguridad, invocado por Donald Trump. Lee Gelernt, abogado de una de los asociaciones que lo apoyan explica que “si hay amenazas reales, entonces deben investigarse una a una; pero no debemos suponer que cualquier grupo o religión es más peligroso que otro. Queremos volver a un sistema en que las amenazas sean investigadas individualmente y no estén basadas en la religión “.
Este segundo varapalo pone en cuestión, asimismo, la capacidad jurídica de los asesores de Trump. El presidente está dispuesto a llegar con esta batalla hasta el Tribunal Supremo. Pero cuantos más jueces se opongan a su intento de decretazo, más difícil será ganarla.