El Gobierno español responde así a la posible designación de Jordi Sànchez como candidato a la presidencia del Ejecutivo autonómico catalán tras la renuncia de Carles Puigdemont a repetir en el cargo.
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El Gobierno español considera que está fuera de toda lógica proponer al preso Jordi Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno autonómico catalán. En una rueda de prensa celebrada al término del Consejo de ministros, el titular de la cartera de Justicia, Rafael Catalá, ha argumentado que no tiene mucho sentido que el parlamento catalán proponga a alguien que no podrá estar presente en la investidura:
"Si ese candidato hipotéticamente propuesto tiene algún problema con la justicia, será decisión del juez competente. Si se propone a una persona que está privada de libertad porque se encuentra en prisión provisional, quien tiene capacidad para, en su caso, autorizar su participación en una sesión de investidura, será el juez instructor. Y el gobierno respetará su decisión", sentenció Catalá.
Mientras tanto, los abogados de Carles Puigdemont, que designó a Sánchez sucesor en un mensaje difundido el jueves a través de las redes sociales, preparan una batalla legal contra el gobierno español que pretenden librar en el comité de derechos humanos de la ONU.