La corte ha avalado la toma del control de las instituciones catalanas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, tras la declaración unilateral de independencia en Cataluña.
La suspensión del Gobierno de Cataluña, en 2017, fue legal y conforme a la Constitución española.
Así lo ha decretado el Tribunal Constitucional, desestimando los recursos presentados por el Parlamento catalán y por varios diputados de la formación izquierdista Unidas Podemos.
El Gobierno de Mariano Rajoy tomó, durante siete meses, el control de las instituciones catalanas, al aplicarse por primera vez el artículo 155 de la Carta Magna. Decisión que se tomó tras la declaración unilateral de la independencia en Cataluña.
El fallo del Constitucional coincide con la petición del Ejecutivo español del cierre de tres de las delegaciones catalanas en el exterior: Berlín, Londres y Ginebra. Fueron reabiertas por la Generalitat en 2018, tras su cierre por el 155.
Madrid las considera "lesivas para los intereses del Estado" y dice están "al servicio de un proyecto secesionista declarado inconstitucional".