Normas para la apertura en España, donde 255.000 personas recibirán el ingreso mínimo vital este mes

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El presidente del Gobierno de España presenta algunas de las medidas que se aprobarán el próximo martes en el Consejo de Ministros y que se deberán seguir una vez levantado el Estado de Alarma para evitar rebrotes. Unas normas que regirán, ha dicho Pedro Sánchez, mientras se mantenga la emergencia sanitaria.

"Las personas de 6 años en adelante tendrán la obligación de usar mascarillas simpre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad", ha dicho el presidente.

Además, los servicios de salud harán test a todas las personas con síntomas y se garantizarán los suministros médicos.

Tras aprobarse el viernes la última prórroga del Estado de Alarma, que concluirá el 21 de junio, las Comunidades Autónomas que se encuentren en fase 3 de la desesclada podrán tomar todas las decisiones relativas a su territorio.

Cerca de la mitad del país encara a partir del lunes esa última fase.

255.000 personas recibirán el ingreso mínimo vitaleste mes

Sánchez ha celebrado el progreso de la situación sanitaria en España, donde solo se han registrado 72 muertes por coronavirus en la última semana al sumar un nuevo fallecido en las últimas 24 horas.

De cara a los meses de verano que se avecinan con millones de turistas que se espera que entren en el país, el Gobierno insiste en la prudencia para evitar un retroceso. El presidente ha suplicado a los jóvenes que sigan las normas de seguridad por ellos y "por sus mayores".

Sobre el Ingreso Mínimo Vital aprobado la semana pasada, Pedro Sánchez ha destacado el aluvión de demandas: "El próximo 26 de junio 250.000 ciudadanos recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias. Esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiarios de oficio de esta medida. Pues bien, más de la mitad de los beneficiarios de oficio de este Ingreso Mínimo Vital van a ser menores".

El fondo de liquidez de 16.000 millones de euros no reembolsables que el Ejecutivo destinará a las comunidades ha sido modificado, causando malestar entre algunos presidentes autonómicos. Finalmente se dividirá en 9.000 millones para sanidad, 2.000 para educación y otros 5.000 para la recuperación económica.