El Tribunal de Justicia de la UE revoca la decisión del Parlamento Europeo de 2021 sobre la inmunidad de los dirigentes independentistas, en un fallo sin efectos prácticos al no ocupar escaño en la actualidad.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este jueves la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad parlamentaria al líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. El fallo no tiene consecuencias prácticas, ya que ninguno de los tres ocupa actualmente un escaño en la Eurocámara.
La sentencia estima el recurso presentado contra la decisión adoptada en 2021, cuando el Parlamento Europeo aceptó el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder juzgarles en España por la causa del procés. El TJUE establece además que la Eurocámara asumirá sus propias costas judiciales y las correspondientes a Puigdemont, Comín y Ponsatí, mientras que el Estado español se hará cargo de las suyas.
El pronunciamiento del tribunal se produce después de que el abogado general de la UE, Maciej Szpunar, recomendara el sobreseimiento del recurso en el caso de Puigdemont y Ponsatí, al considerar que, al no haberse presentado a las elecciones europeas de 2024, ya no mantenían interés procesal. En cambio, sí apreció interés jurídico en el caso de Comín, que obtuvo los votos necesarios para revalidar su escaño, aunque no llegó a ocuparlo al no acudir a acatar la Constitución en España.
En su análisis, el abogado general concluyó que el Parlamento Europeo no vulneró los derechos de los afectados al unificar los tres suplicatorios en un solo procedimiento ni al considerar que la petición del Tribunal Supremo no comprometía la independencia de la institución. También rechazó que la decisión careciera de claridad, al entender que la suspensión de la inmunidad se aplicó en todos los Estados miembros, salvo en España.
En paralelo, el Tribunal Constitucional español acordó el pasado 27 de enero mantener la orden de detención nacional contra Puigdemont. Además, el TJUE tiene pendiente pronunciarse este año sobre la ley de amnistía, un fallo clave para determinar el marco jurídico que podría afectar a una eventual vuelta del expresidente catalán a España, junto a la decisión que adopte el Constitucional sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación.