La magistrada que investiga la riada de octubre de 2024 en Valencia remite una exposición razonada al TSJ valenciano para que valore investigar al expresidente. Tras 15 meses y más de 500 declaraciones, la causa podría alcanzar al exjefe del Consell.
La instructora que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia ha dado un paso clave en la causa al remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que valore la posible investigación del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
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La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado de Catarroja encargado del procedimiento, adopta esta decisión tras más de 15 meses de diligencias en las que ha tomado declaración a más de 500 testigos y peritos. Hasta ahora, la causa se centraba en dos ex altos cargos del anterior Ejecutivo autonómico: la exconsejera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas, y quien fuera su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
Al tratarse de un aforado, cualquier investigación formal contra el expresidente corresponde al alto tribunal valenciano. Con este movimiento procesal, la instructora traslada al TSJCV los indicios recabados para que determine si procede asumir la competencia y abrir una investigación directa contra Mazón por su actuación en la gestión de la emergencia.
La decisión marca un punto de inflexión en un procedimiento que analiza la respuesta institucional ante una de las mayores catástrofes naturales registradas en la Comunidad Valenciana en los últimos años.
La jueza atribuye a Mazón una omisión decisiva en las muertes de la dana
La magistrada que instruye la causa sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia sostiene que la "exclusión voluntaria" del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la emergencia tuvo una influencia determinante en el elevado número de víctimas mortales y heridos. A su juicio, esa conducta puede considerarse "una omisión equiparable a la acción" en relación con los 230 fallecidos y las lesiones registradas aquel día.
Así lo expone en el escrito razonado, de 109 páginas, remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y al que tuvieron acceso varios medios españoles, para que valore la apertura de una investigación formal contra el exjefe del Consell. En el documento, la instructora sostiene que existe un nexo causal entre la pasividad atribuida a Mazón y las obligaciones inherentes a su cargo, entre ellas la coordinación de la respuesta ante una situación de emergencia de máxima gravedad.
La jueza subraya que numerosos fallecimientos comparten un elemento común: la falta de avisos a tiempo. A partir de los vídeos analizados, las declaraciones recabadas y las horas de los decesos, concluye que esa ausencia de alertas y la inacción en la adopción de medidas de coordinación resultaron determinantes. En ese contexto, reprocha al entonces presidente haberse mantenido al margen de la gestión directa mientras permanecía en el reservado de un restaurante.
Entre los indicios que señala figuran también el limitado número de llamadas realizadas o recibidas durante buena parte de la jornada, su breve duración y la falta de interlocución con responsables autonómicos. Esa conducta, afirma, puede calificarse de negligente y constituye un elemento clave para explicar el desenlace mortal y lesivo que motiva la elevación del escrito al alto tribunal.