El Gobierno venezolano pide acceso a los activos congelados en el extranjero mientras la ONU estima que serán necesarios 296 millones de dólares para atender la emergencia.
El Gobierno de Venezuela ha solicitado la liberación de los activos que permanecen bloqueados en el extranjero para financiar la reconstrucción de las zonas devastadas por los terremotos del pasado 24 de junio, que han causado al menos 3.685 muertos y cerca de 17.000 heridos, según las últimas cifras oficiales.
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La petición fue trasladada por el ministro de Asuntos Exteriores, Iván Gil, durante un encuentro por videoconferencia con responsables de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).
El Ejecutivo sostiene que las sanciones internacionales mantienen congelados recursos que considera imprescindibles para hacer frente a la recuperación del país.
En paralelo, la ONU ha calculado que se necesitarán 296 millones de dólares para asistir a 1,3 millones de personas durante los próximos seis meses. El responsable de Asuntos Humanitarios del organismo, Tom Fletcher, aseguró que ya existe un plan de respuesta para cubrir las necesidades más urgentes de la población afectada.
Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, tuvieron su mayor impacto en el estado de La Guaira, donde se concentraron gran parte de los daños materiales y de las víctimas.
Más de un centenar de economistas y académicos ha reclamado a Estados Unidos que alivie las sanciones económicas impuestas a Venezuela para facilitar la recuperación del país.
La carta, firmada por 113 expertos, entre ellos los economistas Jeffrey Sachs, Isabella Weber y James K. Galbraith, sostiene que las restricciones económicas y la congelación de activos dificultan la respuesta humanitaria y las labores de reconstrucción.
Los firmantes piden a Washington que desbloquee los fondos venezolanos retenidos y flexibilice las sanciones que afectan al Banco Central de Venezuela, PDVSA y otros organismos públicos, al considerar que esos recursos son esenciales para atender la emergencia.
Además, solicitan al Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita a Venezuela acceder a sus mecanismos de financiación y utilizar cerca de 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), unos activos de reserva que podrían destinarse a la reconstrucción de las zonas afectadas.