Bruselas rechaza aplazar la fecha límite del 1 de noviembre para retirar la tecnología china de los proyectos energéticos financiados por el bloque. En este 2026, el Ejecutivo comunitario desoye las alarmas del sector renovable para blindar las redes eléctricas ante ciberataques.
La Comisión Europea no ampliará el plazo del 1 de noviembre para retirar progresivamente los inversores eléctricos fabricados en China de los proyectos energéticos financiados por la UE, pese a las peticiones de inversores y del sector de las energías renovables que reclamaban más tiempo.
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Las asociaciones empresariales y los inversores institucionales esperaban que Bruselas aplazara la fecha límite ante las dudas sobre la disponibilidad y el coste de las alternativas, pero responsables comunitarios han señalado a 'Euronews' que la Comisión piensa mantener el calendario previsto.
A partir del 1 de noviembre, los proyectos conectados o que vayan a conectarse a la red eléctrica europea tendrán que excluir a los proveedores de alto riesgo o ir sustituyendo sus inversores por equipos de proveedores que no se consideren de alto riesgo.
La decisión deja en gran medida sin respuesta las preocupaciones de la industria y de los inversores cuando se acerca la fecha límite.
A comienzos de este año, el Ejecutivo comunitario adoptó unas orientaciones políticas provisionales que restringen el uso de fondos de la UE para proyectos de energía limpia, en concreto de solar, eólica y almacenamiento, que dependan de inversores suministrados por proveedores de alto riesgo, como la china Huawei.
La medida responde a preocupaciones en materia de ciberseguridad, en particular al riesgo de que los fabricantes puedan acceder de forma remota a los inversores y manipularlos, lo que podría desestabilizar las redes eléctricas y provocar apagones.
Pero la iniciativa también desató una profunda inquietud entre inversores institucionales como el Banco Europeo de Inversiones y en el propio sector de las renovables, que dudan de que los fabricantes alternativos de inversores puedan alcanzar los volúmenes y precios necesarios.
Tras una mesa redonda empresarial celebrada en junio, convocada precisamente para abordar estas preocupaciones, los actores del sector y los inversores confiaban en obtener excepciones al plazo del 1 de noviembre.
Las partes interesadas sostienen que el calendario de la Comisión no es realista y que podría generar serios problemas financieros y prácticos para los proyectos de energías renovables en un momento en que los costes energéticos se disparan en toda la UE.
En un primer momento había división interna en los servicios comunitarios, con la Secretaría General abogando con más firmeza por una línea dura frente a la Dirección General de Asociaciones Internacionales; esa brecha parece haberse reducido y ahora se aprecia una mayor sintonía dentro del Ejecutivo comunitario.
Algunos actores aún confían en que la Comisión conceda exenciones caso por caso en lugar de bloquear directamente un proyecto, como ya ha ocurrido cuando los retrasos se deben a circunstancias imprevistas, por ejemplo atascos en la tramitación de permisos.
Con todo, los gestores de proyectos y los inversores tendrán ahora que adaptarse, revisando los costes previstos, que no se limitan a los propios inversores, sino que incluyen también garantías y servicios asociados como el mantenimiento.
La Comisión sostiene por su parte que ya existe una oferta alternativa viable de inversores no chinos y que el precio a pagar por garantizar la seguridad de la infraestructura energética europea es relativamente modesto.