La nueva ley europea EU Kids Act busca proteger a los menores frente a diseños adictivos de plataformas, pero críticos alertan de que basarse solo en la edad puede aumentar la exclusión de personas con discapacidad, migrantes y sin papeles.
Los niños merecen una internet más segura, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar la Ley de la UE para la infancia (EU Kids Act) el 17 de septiembre. La propuesta fija umbrales progresivos para el acceso a las redes sociales, prohíbe funciones de diseño adictivo como el desplazamiento infinito para menores de 18 años y obliga a las plataformas a verificar la edad mediante un token de "sí/no" que preserva la privacidad, en lugar de comprobar el certificado de nacimiento.
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La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen, lo presentó como un aplazamiento, no como una prohibición. Los menores se incorporan de forma gradual a plataformas de riesgo a los 13, 15 y 18 años, en vez de quedar completamente excluidos.
Ese enfoque preocupa a los grupos de derechos digitales. "El modo en que se plantea la propuesta es que la edad es el problema", señala Simeon de Brouwer, asesor de políticas en European Digital Rights (EDRi), una red de ONG de derechos digitales con sede en Bruselas.
Sostiene que, al retrasar el acceso en lugar de corregir el diseño de fondo, "la Comisión no aborda las causas del daño, el modelo de negocio y el diseño adictivo, las prácticas manipuladoras", a las que los jóvenes quedarán expuestos en cuanto alcancen los distintos umbrales.
La edad como indicador de vulnerabilidad
La objeción central de de Brouwer es que la ley trata la edad como el único marcador de vulnerabilidad digno de regulación. "El único factor de vulnerabilidad que se tiene en cuenta es la juventud, ni siquiera la edad en sí. Pero hay muchos otros factores", afirma.
EDRi agrupa a organizaciones miembro que trabajan en todo el ámbito de la sociedad civil y, según de Brouwer, la entidad intenta "tener en cuenta a los grupos marginados cuya voz apenas se escucha en Bruselas".
Ese aspecto es relevante porque la verificación de edad obliga a todas las personas, no solo a los menores, a demostrar que son lo bastante mayores para pasar el filtro. "Si realmente necesitamos saber quién es menor para protegerle mejor, eso significa que conocemos la edad de todos o que necesitamos la edad de todos", continúa de Brouwer.
"Estamos convirtiendo los teléfonos inteligentes y los documentos de identidad en requisitos previos para acceder a los espacios en línea y ejercer derechos fundamentales", agrega Brouwer antes de enumerar a quienes quedarían atrapados en esa red: "personas que no tienen documentos de identidad estatales, personas apátridas, personas con antecedentes migratorios que aún no están integradas, personas que por elección no tienen un teléfono inteligente".
Quién podría quedar marginado
Las mismas restricciones pueden perjudicar a parte de los jóvenes a quienes la ley pretende proteger, incluidos aquellos con discapacidad que dependen de internet para relacionarse.
De Brouwer señala a "jóvenes que también están marginados, personas con discapacidad que no tienen muchas interacciones físicas, personas que viven en zonas rurales y no tienen amigos cerca, jóvenes cuyos padres no están muy presentes o dispuestos a apoyarles y que por tanto necesitan espacios en línea para encontrar, para hablar, para hallar a gente como ellos". Concluye que "el abanico de jóvenes que saldrán perdiendo es inmenso".
Francesca Pisanu, responsable sénior de políticas en Eurochild, una red centrada en los derechos de la infancia, acoge en general con satisfacción la ambición de la ley, pero coincide en que la cuestión de la accesibilidad merece un análisis detallado. Afirma: "Se sabe que las plataformas de redes sociales o el mundo en línea en general son un espacio donde los niños, o las personas en general, pueden ser incluidos en la sociedad. Pueden encontrar a personas con identidades compartidas que tienen éxito. También pueden ver más diversidad".
Añade una salvedad: "las personas que sufren discriminación en el mundo físico probablemente también serán discriminadas en el mundo en línea", por lo que considera importante que "todas estas funciones inclusivas" se "activen al mismo tiempo que las funciones de protección", de modo que ambas "no se contradigan".
Pisanu cita un estudio vinculado a Eurochild realizado en Países Bajos que concluyó que "los niños con discapacidades o con problemas de salud mental eran quienes realmente estaban a favor de una prohibición", un recordatorio de que los grupos marginados no hablan con una sola voz sobre esta cuestión.
Solapamiento y prevalencia sobre otras leyes
Para de Brouwer, el problema de fondo es el momento político. Advierte de que la Ley para la infancia corre el riesgo de imponerse sobre la Ley de Equidad Digital (DFA), una iniciativa paralela destinada a reforzar la protección de los consumidores "en todas partes, con independencia del servicio que se utilice", no solo para los menores.
"El riesgo es que salgamos perdiendo por centrarnos tanto en niños y jóvenes". Perdemos el impulso político que teníamos para mejorar la protección de todos a través de la DFA", señaló, y avisó de que ahora podría aprobarse "de forma diluida".
También dejó claro que muchas de las protecciones de la ley no deberían limitarse a los menores. "¿Quién no quiere estar protegido frente a compañeros virtuales basados en IA diseñados para ser adictivos y para incitarte a volver una y otra vez?", se preguntó, defendiendo que las plataformas deberían ser "obligadas a no ser adictivas" y que "deberíamos tener, por ejemplo, un derecho a servicios que no estén personalizados".
La posición institucional de Pisanu es menos confrontativa. Eurochild quiere que la seguridad desde el diseño sea vinculante por ley y no solo una orientación del DSA y celebra que algunas protecciones, como la configuración por defecto de los sistemas de recomendación, se extiendan incluso a los usuarios no registrados, dado que parte de estas "funciones de seguridad también se aplicarían a quienes no están registrados".
Pero ambos entrevistados coinciden en un punto: el borrador actual responde a "cómo protegemos a la infancia" sin abordar del todo "cómo protegemos a cualquiera que sea vulnerable pero no sea menor de edad".
El Parlamento Europeo y el Consejo deben fijar su posición sobre la Ley para la infancia y la Comisión tendrá que revisar el impacto de las normas sobre los derechos fundamentales antes del 31 de agosto de 2030, por lo que el equilibrio entre protección y exclusión sigue sin resolverse.