Un juez federal de Nueva York exige a la Administración Trump que entregue en 14 días el memorando secreto que sustenta legalmente los ataques contra presuntas narcolanchas, para examinarlo de forma privada.
Un juez federal de Nueva York ha dado 14 días a la Administración de Donald Trump para entregarle el documento secreto que contiene la justificación legal de sus ataques militares contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.
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La decisión supone un paso importante para esclarecer una de las principales incógnitas que rodean la campaña militar estadounidense: con qué autoridad considera la Casa Blanca que puede utilizar fuerza letal contra personas a bordo de embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales.
El juez Paul Engelmayer ha ordenado a los Departamentos de Justicia y Defensa que pongan a su disposición el memorando en un plazo de dos semanas para poder examinarlo de forma privada. También les exige información adicional para aclarar cómo se utilizó el documento, su circulación dentro de la Administración y el papel que desempeñó en el asesoramiento al presidente.
Esto no significa que el documento vaya a hacerse público inmediatamente ni que el juez haya declarado ilegales los ataques. Lo que sí significa es que el tribunal quiere conocer directamente los argumentos legales en los que se ha apoyado el Gobierno para llevarlos a cabo antes de decidir hasta qué punto puede seguir manteniéndolos en secreto.
El documento es un memorando elaborado en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia sobre la autoridad del Ejecutivo para ordenar ataques letales contra embarcaciones supuestamente implicadas en el narcotráfico.
La Administración Trump ha defendido públicamente que Estados Unidos tiene autoridad para llevar a cabo estas operaciones y ha sostenido que se encuentra en un "conflicto armado" con determinadas organizaciones designadas como terroristas. Sin embargo, no ha hecho público el análisis jurídico completo que sustenta esa posición.
Una campaña militar bajo escrutinio
Estados Unidos comenzó estos ataques en septiembre de 2025 dentro de una estrategia de la Administración Trump que presenta a determinados cárteles y grupos criminales como una amenaza para la seguridad nacional.
La Casa Blanca sostiene que el país está inmerso en un conflicto armado con estas organizaciones, una interpretación que ha provocado cuestionamientos sobre el alcance de los poderes presidenciales y las normas que regulan el uso de la fuerza.
El memorando es especialmente importante porque contiene la explicación jurídica detallada de cómo llegó el Gobierno estadounidense a la conclusión de que puede utilizar al Ejército y fuerza letal en estas circunstancias. El propio juez concluye en su resolución que el Pentágono ha adoptado el documento como el marco que define los límites de su autoridad para efectuar los ataques.
La resolución de Engelmayer no responde todavía a la gran pregunta de si esos ataques son legales. Pero acerca al tribunal, y potencialmente al público, a conocer la respuesta que hasta ahora ha dado en secreto la propia Administración Trump.