El actual presidente del Consejo Europeo cuestiona la decisión de la Justicia y afirma que se trata de un atentado contra el Estado de derecho.
El Ministerio Público ha vuelto a denegar, por sexta vez, el acceso al caso de la operación Influencer a los abogados de António Costa, ex primer ministro y actual presidente del Consejo Europeo.
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Ante esta decisión, informa este viernes el semanario 'Expresso', António Costa ha acusado al Ministerio Público de estar cometiendo un atentado contra el Estado de derecho.
De acuerdo con el 'Expresso', el Ministerio Público justifica la negativa a facilitar el caso que estuvo en el origen de la crisis política que provocó la caída del Gobierno de Costa en 2023 en que este no tiene la condición de investigado: al ser solo sospechoso, no puede acceder al contenido de la investigación.
El Ministerio Público señala además que el proceso estuvo bajo secreto de Justicia hasta marzo de 2026, una medida que tenía por objeto proteger a António Costa de la exposición mediática.
Según 'Expresso', el actual presidente del Consejo Europeo ha contestado esta explicación, que considera un atentado contra el Estado de derecho. Alegó que no necesita ser protegido de sí mismo y recordó que fue el propio Ministerio Público quien lo expuso públicamente al revelar que estaba siendo investigado.
Cabe recordar que habría sido la entonces procuradora general de la República, Lucília Gago, quien incluyó un párrafo en la declaración que sacaba a la luz el caso para detallar que la investigación afectaba al entonces primer ministro, revelación que llevó a Costa a presentar su dimisión ante el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tampoco sigue en el cargo.
António Costa presentó su dimisión como primer ministro el 7 de noviembre de 2023, el día en que se informó de registros en varios ministerios y en su residencia oficial, el Palacio de São Bento.
La Fiscalía difundió ese día un comunicado en el que confirmaba que António Costa sería investigado de forma autónoma por el Tribunal Superior de Justicia y que el entonces ministro João Galamba tenía la condición de investigado.
"La dignidad de las funciones de primer ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad, su buena conducta y, menos aún, con la sospecha de la práctica de cualquier acto criminal", afirmó António Costa en la declaración en la que anunció que había presentado su dimisión al entonces presidente de la República.
El caso también desembocó en la dimisión del entonces jefe de gabinete del primer ministro, Vítor Escária, que fue declarado investigado después de que se le incautaran 75.800 euros en billetes, guardados en libros y cajas en su despacho.