El Constitucional avaló este martes la aplicación de la amnistía a la malversación del 'procés', una decisión que afecta directamente a Puigdemont y acerca su regreso a España.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación del 'procés'. La decisión elimina uno de los principales obstáculos judiciales para el regreso a España del expresidente de la Generalitat.
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El movimiento de Llarena se produce después de que el Constitucional estimara el recurso de la exconsejera catalana Dolors Bassa y rechazara el criterio que había mantenido hasta ahora el Tribunal Supremo para excluir de la amnistía la malversación vinculada al 'procés'.
Hasta ahora, Puigdemont se exponía a ser detenido si regresaba a España, ya que seguía vigente contra él una orden nacional de detención por el delito de malversación. El levantamiento de esa medida cambia de forma sustancial su situación judicial y abre la puerta a su regreso.
El tribunal se ha pronunciado a raíz del recurso presentado por la exconsejera catalana Dolors Bassa, después de que el Tribunal Supremo rechazara aplicarle la amnistía al delito de malversación relacionado con el 'procés'.
La cuestión de fondo era si el uso de dinero público para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 podía quedar cubierto por la ley de amnistía. El Supremo consideró que no, al entender que existió un beneficio personal de carácter patrimonial para sus impulsores. El Constitucional ha rechazado ahora esa interpretación.
¿Qué significa para Puigdemont?
La decisión de Llarena tiene una consecuencia inmediata para Carles Puigdemont, procesado por malversación: la orden nacional que permitía detenerlo si regresaba a España queda sin efecto. El expresidente de la Generalitat lleva fuera de España desde octubre de 2017, cuando abandonó el país después de la declaración unilateral de independencia de Cataluña y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La aprobación de la ley de amnistía en 2024 abrió la posibilidad de su regreso definitivo. Sin embargo, Llarena decidió inicialmente no aplicarle la medida por el delito de malversación y mantuvo activa la orden nacional de detención. El Constitucional ha cambiado ahora el escenario al considerar que la interpretación utilizada para excluir la malversación de la amnistía vulneraba los derechos de Bassa y ordenar al Supremo que dicte una nueva resolución conforme a ese criterio.
Puigdemont regresó brevemente a Barcelona en agosto de 2024 para participar en un acto coincidiendo con la investidura de Salvador Illa. Apareció públicamente y posteriormente volvió a abandonar España sin ser detenido.
El levantamiento de la orden de detención supone ahora un cambio decisivo respecto a aquella situación, al desaparecer la medida que hasta este martes amenazaba con su arresto si regresaba a territorio español.