Diputados de todo el arco político reclaman que la UE active el Estatuto de bloqueo para impedir que empresas europeas acaten las medidas de la administración estadounidense, calificadas de “ataque de una potencia extranjera”.
Un total de 58 miembros del Parlamento Europeo han instado a la Comisión Europea a proteger a la Corte Penal Internacional (CPI) de las sanciones de Estados Unidos que amenazan con perturbar su funcionamiento.
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En una carta enviada este martes, a la que hemos tenido acceso, los eurodiputados han pedido a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que defienda al tribunal con sede en los Países Bajos frente a lo que describen como "un ataque de una potencia extranjera contra una entidad en territorio de la UE", y han advertido de unas consecuencias "devastadoras".
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció sanciones contra la CPI el pasado viernes, tras criticar en repetidas ocasiones al tribunal por la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y por su investigación sobre la actuación de las tropas estadounidenses en Afganistán.
Tras un periodo de gracia inicial de seis meses, las sanciones podrían dificultar gravemente el funcionamiento del tribunal al prohibir a los bancos y empresas estadounidenses hacer negocios con él, aunque se prevén exenciones para determinados servicios de telecomunicaciones, programas informáticos y pagos.
Dado el peso predominante de las empresas estadounidenses en las finanzas y la tecnología mundiales, las restricciones podrían dejar a la CPI con problemas para pagar sus facturas y realizar operaciones financieras.
Los bancos europeos, las compañías de seguros y otras empresas intermediarias con intereses comerciales en Estados Unidos también podrían verse afectadas, al enfrentarse potencialmente a sanciones secundarias si siguen trabajando con la CPI.
Los eurodiputados han reclamado el uso de "todos los instrumentos de que disponemos" para proteger a la CPI de las sanciones. En particular, han instado a la Comisión a activar el Estatuto de Bloqueo de la UE, un mecanismo diseñado para proteger a las empresas y particulares europeos de los efectos extraterritoriales de sanciones extranjeras.
El estatuto puede impedir que se apliquen en la UE decisiones judiciales extranjeras basadas en determinadas leyes y permite a las empresas europeas reclamar una compensación por las pérdidas causadas por su aplicación extraterritorial.
La Comisión puede añadir leyes extranjeras a las cubiertas por el estatuto, sometiendo la decisión al control del Parlamento Europeo y de los Estados miembros de la UE.
La carta ha sido redactada por el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE), Dirk Gotink, y la eurodiputada de Socialistas y Demócratas (S&D), Aurore Lalucq, y la han firmado parlamentarios de los grupos PPE, S&D, Renew Europe y Verdes/ALE.
Los firmantes han advertido de que las sanciones ponen en riesgo la capacidad de Europa para proteger a sus propios ciudadanos e instituciones.
En una declaración difundida el pasado sábado, la responsable de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, describió la amenaza de sanciones contra la CPI como "no aceptable" y reafirmó el compromiso del bloque con el derecho internacional. Sin embargo, la UE aún no ha adoptado medidas concretas.
La CPI cuenta con 125 Estados miembros. Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma, que creó el tribunal, pero nunca lo ratificó.