El presidente estadounidense planteó este miércoles en su red social Truth Social que las empresas de centros de datos alcancen acuerdos económicos con las comunidades locales para compensar el impacto de sus instalaciones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sugerido que las empresas que construyan centros de datos paguen un "dividendo" a las comunidades en las que se instalen para hacerlos más atractivos para los residentes locales.
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Con empresas de todo el mundo compitiendo por desplegar infraestructuras de inteligencia artificial, se ha producido una amplia reacción en contra de los nuevos proyectos, debido a los importantes requisitos de agua y energía de estas instalaciones y al impacto que tienen en el entorno local, en los precios de la energía y en la escasez de agua.
El presidente estadounidense señaló que ha estado "observando muy de cerca los centros de datos" y que ha llegado "a una conclusión muy firme" sobre este asunto: los proyectos de centros de datos que son muy impopulares se vuelven "extremadamente populares" una vez que se alcanza un acuerdo económico que responda a las preocupaciones de los vecinos.
En materia de energía, Trump afirmó que él mismo ha ordenado que los centros de datos deban "generar su propia electricidad y entregar o vender cualquier excedente a la comunidad local o a la red" para compensar las subidas de precios de la energía, convencido de que, si lo hacen, "podría producirse una reducción sustancial".
Solo en 2026, al menos 47 proyectos a gran escala se han retrasado y más de 1.000 comunidades locales de todo Estados Unidos han planteado o solicitado formalmente moratorias, límites urbanísticos o estrictas restricciones medioambientales a las nuevas infraestructuras de IA, según el portal financiero 'Investing Live'.
Sin embargo, no hay indicios de que el ritmo de desarrollo se esté frenando. Los analistas de 'Investing Live' señalan que el gasto en infraestructuras de IA en Estados Unidos podría superar los 10 billones de dólares (8,9 billones de euros) entre 2025 y 2032, en torno al 3,6% del PIB del país al año.
Si bien algunos proyectos de centros de datos han salido adelante una vez alcanzados acuerdos con las autoridades locales, conocidos ahora como "Community Benefits Agreements" (acuerdos de beneficios para la comunidad) o CBA, ello no se ha traducido necesariamente en un cambio de opinión pública.
Este verano, Meta alcanzó un acuerdo con el gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre un polémico proyecto de centro de datos en El Paso (Texas), financiado por el gigante de la inversión BlackRock.
Lo que empezó en 2023 como una inversión de 1,5 mil millones de dólares (1,3 mil millones de euros) se convirtió en un megaproyecto de campus valorado en 14 mil millones de dólares (12,5 mil millones de euros), lo que desencadenó una fuerte reacción pública y llevó a las autoridades a plantearse cancelar el proyecto. En junio, el ayuntamiento local votó 5-3 en contra de cancelar el acuerdo.
El gobernador cerró después un acuerdo que establece varias salvaguardas para proteger a la comunidad local, entre ellas obligar a Meta a pagar su propia infraestructura eléctrica, reutilizar su propia agua y comprometerse a "eliminar la dependencia de obsoletos incentivos financiados por los contribuyentes".
Desde entonces, Meta ha hablado del acuerdo, pero no de los aspectos concretos planteados por el gobernador, algo que han criticado, entre otros, la candidata demócrata a la gobernación de Texas Gina Hinojosa, quien sostiene que el pacto no fija ninguna condición vinculante para la tecnológica. Meta prevé que las obras concluyan en dos años.
En septiembre, el Ayuntamiento de Lancaster, en Pensilvania, firmó el primer CBA plenamente ejecutado para un proyecto de centro de datos en Estados Unidos, relativo a un complejo de computación en la nube e IA valorado entre 6 y 10 mil millones de dólares (5,3-8,9 mil millones de euros), el Lancaster AI Hub.Emilia.
El acuerdo incluía varias medidas destinadas a apoyar a la comunidad local, como un fondo de desarrollo económico de 10 millones de dólares (8,9 millones de euros), otro fondo de 10 millones de dólares (8,9 millones de euros) para desarrollo sostenible y energía limpia, un fondo de planificación de 250.000 dólares (222.500 euros) y 10 millones de dólares (8,9 millones de euros) en créditos para proteger a la ciudad en caso de incumplir sus compromisos medioambientales y financieros.
Y este octubre, la promotora Digital Realty ha obtenido una primera aprobación pública para un proyecto en De Soto, Kansas, de un nuevo campus de centros de datos de 280 acres, al sortear las normas locales y pagar directamente a los ciudadanos.
La empresa ofrece a los vecinos créditos en facturas de suministros y en impuestos sobre la propiedad por valor de 1.000 dólares (890 euros) durante 10 años, como parte de una inversión total de 20 millones de dólares (17,8 millones de euros) que, sostiene, generará ingresos fiscales recurrentes, creará empleo y aportará otros beneficios económicos a los residentes.
Más cerca, en Europa, han despegado los enfoques conocidos como "Cash for Communities" (dinero para las comunidades).
En Irlanda, este octubre, OpenAI ha señalado que los futuros centros de datos en uno de los mayores clústeres de Europa podrían incorporar pagos a las comunidades locales para abordar las preocupaciones ciudadanas sobre su impacto.
El país cuenta, no obstante, con estrictos requisitos para los centros de datos, entre ellos la obligación de que inyecten electricidad en la red.
En Alemania también existen exigentes requisitos de reciprocidad, especialmente en lo relativo al uso de la energía. En grandes núcleos como Dietzenbach, donde Google construye un campus valorado en varios miles de millones de euros, los promotores deben cerrar primero acuerdos de infraestructuras energéticas para volcar en la red el calor excedente generado por los centros de datos y abaratar así las facturas de los vecinos.