La Fiscalía investiga una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2023, a partir del testimonio de un exasambleísta condenado por violación. El correísmo denuncia una persecución judicial a cinco semanas de las elecciones locales.
La Fiscalía de Ecuador ha solicitado este viernes prisión preventiva para Luisa González, excandidata presidencial del movimiento correísta, detenida el jueves por una investigación sobre un presunto blanqueo de capitales relacionado con la financiación de su campaña electoral de 2023.
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La petición se ha presentado durante la audiencia de formulación de cargos, celebrada mientras González permanece detenida en el Cuartel Modelo de Guayaquil. La Fiscalía también ha solicitado prisión preventiva para el exasambleísta correísta Santiago Díaz y Wendy Onofre, exfuncionaria del Ayuntamiento de Guayaquil.
La investigación cobró impulso en marzo tras el testimonio de Díaz, quien aseguró que había trasladado dinero en efectivo desde Venezuela por orden del expresidente Rafael Correa (2007-2017) para financiar la campaña de González. Por el momento, no se han presentado pruebas que corroboren esta versión.
Díaz, que permanece en prisión, fue condenado a 29 años y cuatro meses por la violación de una menor y expulsado del movimiento correísta. La Fiscalía también trata de determinar si la campaña recibió fondos de una empresa vinculada a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil actualmente encarcelado.
El movimiento Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora al presidente Daniel Noboa, ha denunciado un caso de 'lawfare', término utilizado para describir una supuesta persecución judicial con motivaciones políticas.
La investigación ha desembocado en la suspensión del partido, que no podrá concurrir a las elecciones locales del 29 de noviembre.