El juez Ismael Moreno abre una nueva pieza secreta del 'caso Koldo' para investigar presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas. La operación de la UCO incluye la detención del exchófer de Pedro Sánchez y el registro de la vivienda de José Luis Ábalos.
La UCO de la Guardia Civil ha desplegado este jueves una nueva operación en el marco del 'caso Koldo', en la que ha sido detenido Cristian Corvillo, exchófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cinco personas más. Los agentes han registrado la vivienda del exministro José Luis Ábalos en Valencia, con la asistencia de un abogado de oficio.
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La actuación forma parte de una nueva pieza separada, declarada secreta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
El operativo, en el que también participa la Fiscalía Anticorrupción, se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Los investigadores también han tomado declaración a Andrea, pareja del exministro, con la presencia de un abogado durante el registro de la vivienda.
Asimismo efectivos de la UCO han acudido este jueves a la sede de la empresa pública Adif para solicitar información relacionada con la nueva pieza separada.
La Audiencia Nacional investiga varias ramificaciones del 'caso Koldo', entre ellas los presuntos amaños de contratos de obra pública a cambio de comisiones ilegales. Una de las figuras centrales de esta investigación es Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, por su supuesto papel en la coordinación de las adjudicaciones irregulares.
El Tribunal Supremo ya condenó a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García, a 19 años, por la trama de las mascarillas. Esta sentencia corresponde a una de las ramas del 'caso Koldo', mientras que la Audiencia Nacional continúa investigando las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.
Además, Ábalos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita la anulación de su condena y la suspensión de su cumplimiento mientras se resuelve el recurso.
El exministro cuestiona la validez de las pruebas, la imparcialidad del tribunal y la competencia del Supremo para juzgarlo. Su defensa sostiene también que no existen pruebas independientes que respalden las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, cuya colaboración con la Justicia le permitió evitar la prisión.
El juez Moreno acordó esta semana abrir una nueva línea de investigación tras recibir un informe de la UCO. Aunque las diligencias permanecen bajo secreto, las informaciones publicadas apuntan a posibles delitos de estafa y blanqueo de capitales, que todavía no han sido confirmados oficialmente.