El agujero contable de Ueno Bank evapora fondos públicos, deja a miles de ciudadanos sin acceso a sus depósitos y empuja a Paraguay a su mayor crisis institucional en años.
Un repentino pantallazo en blanco sorprendió a los casi tres millones de clientes de Ueno Bank en la madrugada del martes 3 de noviembre. Hacia las 03:24, la aplicación de la entidad paraguaya —un actor clave del sistema que maneja millonarios fondos estatales y ha crecido a ritmo vertiginoso en sus tres años de vida— dejó de mostrar las cuentas de sus usuarios para exhibir un único mensaje: "No podemos mostrar el saldo".
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Simultáneamente, el Banco Central del Paraguay lanzaba un duro comunicado en sus redes sociales: la entidad quedaba intervenida y se abría su proceso de liquidación. El motivo de este "procedimiento de resolución" sobre Ueno Bank respondía a una alarma financiera mayor, tras haber detectado un desplome crítico en su índice de solvencia, situado por debajo del 50%.
El impacto fue inmediato y desencadenó un terremoto político sin precedentes para el Gobierno de Santiago Peña. Desde el martes, una multitud de usuarios indignados han tomado las inmediaciones de la sede central en Asunción y las 75 sucursales del país con la intención de salvar su dinero.
El panorama a las puertas de los locales —clausurados y custodiados por guardias— se ha transformado en un escenario de tensión y desesperación absoluta. La angustia a las puertas de las sucursales se traducía en emergencias cotidianas e insostenibles. Hubo quien, entre lágrimas, suplicaba retirar sus fondos para costear las medicinas de un hijo gravemente enfermo; a pocos kilómetros, la desesperación de un trabajador de la construcción era la misma al ver que, sin acceso a sus ahorros, no tendría ni para comprar la comida de sus hijos ese día.
El fantasma del corralito
La entidad concentraba unos 850 millones de dólares (unos 758 millones de euros) en recursos públicos, incluidos los fondos del Instituto de Previsión Social que sustentan las jubilaciones y la cobertura sanitaria de los trabajadores. El fantasma de un corralito al estilo argentino encendió de inmediato las alarmas entre la población. "¿Quién responde por los ahorros de toda una vida? ¿Habrá impunidad?", se leía en las pancartas de los manifestantes que mantenían el pulso a las puertas de las oficinas.
El país entero contuvo la respiración ante la rueda de prensa del Banco Central del Paraguay (BCP). La confirmación oficial fue categórica: "Procedimos al cierre de la entidad; ni la aplicación, ni las tarjetas, ni servicio alguno está activo desde hoy", sentenció Liana Caballero, miembro del directorio. De nada sirvió que las autoridades intentaran calmar los ánimos recordando que la ley contempla un fondo de garantía para devolver a cada cliente hasta 75 salarios mínimos (unos 228 millones de guaraníes o 37.700 dólares, unos 33.620 euros); el recelo y la desconfianza ya se habían apoderado por completo de la calle.
Juicio político a Peña y cerco judicial
La oposición política señala a la cúpula del BCP como cómplice por omisión en el fraude, pero el tiro de gracia apunta directamente al jefe de Estado. Santiago Peña ha quedado en el ojo del huracán: a petición de 35 legisladores, la Cámara de Diputados se reunirá mañana en sesión extraordinaria para votar el inicio de un juicio político en su contra. La viabilidad del proceso dependerá de recabar 53 votos en la Cámara Baja y, posteriormente, el respaldo de dos tercios del Senado.
El escrito de acusación achaca a Peña un "mal desempeño de sus funciones", respaldado en graves cargos que van desde el conflicto de intereses y la presunta malversación de fondos previsionales hasta el blindaje institucional del Banco Central. En medio del torbellino, el mandatario canceló toda su agenda oficial el miércoles y optó por el silencio hasta bien entrada la tarde, cuando reapareció digitalmente para anunciar la salida del titular de la banca matriz y exigir que los tribunales depuren responsabilidades.
El cerco judicial se cerró este miércoles con la detención de ocho altos ejecutivos de la entidad, entre ellos su consejero delegado, Miguel Vázquez. Paralelamente, los efectos colaterales no tardaron en golpear a la economía real: la Asociación de Importadores y Comerciantes alertó de un desplome inmediato del 35% en las ventas de los grandes comercios del país. Con el dinero bloqueado e inaccesible, el consumo interior se frenó en seco de la noche a la mañana.
Fútbol, publicidad y un desplome inevitable
En un país de poco más de seis millones de habitantes, la aplicación de Ueno Bank trascendía con creces el ámbito financiero. Propiedad del influyente Grupo Vázquez y reconocible por su inconfundible estética verde flúor, la entidad se jactaba de haber sepultado la pesada burocracia de la tradicional república agroganadera. Su presencia era omnipresente en los medios de comunicación y en el patrocinio de los clubes de fútbol más importantes del país, como Cerro Porteño y Olimpia, además del emblemático estadio Defensores del Chaco.
Tan solo unos días atrás, el banco alardeaba de un ambicioso plan de capitalización de 100 millones de dólares. Sin embargo, tras la fachada publicitaria y el mecenazgo deportivo, la Superintendencia de Bancos topó con una cruda e insostenible realidad contable: la entidad fue incapaz de cubrir un encaje legal de 70 millones de dólares (62.427 millones de euros) que le exigía la banca matriz. El desplome financiero era una cuestión de números; el estallido subsiguiente, de pura pólvora política.
Economista de perfil tecnócrata y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, Santiago Peña llegó al poder en 2023 con la promesa de transformar al país en un imán para el capital extranjero. Aunque bajo su mandato Paraguay ha exhibido uno de los ritmos de crecimiento económico más robustos de Sudamérica, el repentino colapso bancario ha terminado por situar al mandatario en el momento más crítico de su gestión.