Montenegro es el primero en probar las nuevas salvaguardias de la UE, y se espera que los Estados miembros fijen postura la próxima semana. Pero, a diferencia de otros capítulos de negociación, Podgorica descubre que estas salvaguardias no son negociables.
La Unión Europea (UE) está debatiendo salvaguardias más estrictas para los nuevos Estados miembros, incluida la posibilidad de suspender los derechos de voto, con Montenegro en primera línea. Pero los países candidatos se enfrentan a una oferta de tómalo o déjalo.
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El mes pasado, la Comisión Europea propuso un periodo de prueba de 15 años para los recién llegados, pensado para permitir actuar con rapidez contra quienes vulneren los valores de la UE y el principio de cooperación leal.
La propuesta se deriva de las peticiones de cinco de los Estados fundadores de la UE de extraer lecciones de la experiencia del húngaro Viktor Orbán, que durante años chantajeó al bloque para obtener concesiones utilizando su veto sobre decisiones importantes.
"Cuando mencioné esto por primera vez, dije: ningún nuevo caballo de Troya en la Unión Europea. Esto fue aún antes de las elecciones en Hungría. Hoy puedo decir que no habrá más Viktor Orbán", afirmó la comisaria de Ampliación, Marta Kos, al presentar la medida.
Solo hay una pega: los países candidatos no tienen voz en estas salvaguardias institucionales. Deben aceptarlas tal y como están o renunciar por completo a la perspectiva de ingresar en la UE.
Para Montenegro, el candidato más avanzado, dar marcha atrás apenas es una opción después de más de una década de invertir una enorme capacidad administrativa y, además, el capital político de las fuerzas proeuropeas con el objetivo de entrar en el bloque.
Sin embargo, cambiar las condiciones de la adhesión en el último tramo deja un regusto amargo entre los responsables montenegrinos, que procuran no criticar abiertamente las medidas por miedo a descarrilar el proceso.
"Siempre ha sido así. Las salvaguardias siempre han sido un poco unilaterales", señaló a 'Euronews' un alto cargo de la UE bajo condición de anonimato.
Las salvaguardias como tales no son nuevas: figuraban en los tratados de adhesión de Croacia, Bulgaria y Rumanía. Pero esas se referían a posibles incumplimientos de las normas económicas, del mercado interior y de justicia.
Ahora, a partir de la experiencia de Orbán, Bruselas está debatiendo llegar hasta la suspensión de los derechos de voto de un país. También aquí hay una diferencia importante con respecto al resto del proceso de adhesión, tanto en el plano procedimental como en el político.
Normalmente, se abre un capítulo una vez que el candidato cumple las condiciones iniciales de la UE. El candidato aplica entonces las reformas exigidas y cumple los objetivos intermedios y, una vez satisfechos todos los requisitos, la UE acuerda cerrar provisionalmente el capítulo.
Esta vez, a Montenegro no se le pide que presente una posición negociadora ni que cumpla objetivos más allá de aceptar lo que hay sobre la mesa, lo que convierte de facto las salvaguardias en no negociables.
La Comisión está preparando actualmente posiciones comunes de la UE en los capítulos 34 y 35, que incluyen disposiciones de tratado en borrador sobre salvaguardias institucionales.
El mes pasado, envió un primer borrador de las salvaguardias que deben incluirse en el tratado de adhesión de Montenegro a los Estados miembros para que hicieran sus observaciones. La presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea está recabando ahora las opiniones de los Gobiernos y pretende enviar la semana que viene una posición consolidada a nivel de embajadores.
Una vez que los países de la UE finalicen su posición, más general sobre las salvaguardias para los países candidatos, se espera que la Comisión la refleje en el tratado de Montenegro.
En otras palabras, la mejor opción de Podgorica para influir en el resultado es presionar a los Estados miembros: una vez fijada la posición de la UE, apenas habrá margen para modificarla.
Hay tres cuestiones que dominan el debate: las medidas que podrían activar las salvaguardias, como la suspensión de los derechos de voto para las infracciones más graves; su duración, que los países candidatos consideran demasiado larga, con 15 años; y la gobernanza, ya que el método de toma de decisiones propuesto daría a la Comisión un peso considerable.
Algunas capitales de la UE son comprensivas con los argumentos de los candidatos y quieren distinguir entre la demanda política de salvaguardias más estrictas y un texto jurídico que pueda aplicarse.
Italia, miembro del llamado grupo Friends of the Western Balkans (Amigos de los Balcanes Occidentales), ha defendido el respeto a la igualdad de los Estados miembros y salvaguardias proporcionadas y adaptadas a cada candidato.
Los Países Bajos, en cambio, han defendido que no haya diferencias entre los aspirantes a la UE. Pero cualquier visión del mundo que acabe imponiéndose queda completamente fuera del alcance de Montenegro.