A medida que España afronta una grave crisis de vivienda, una cooperativa de Barcelona ofrece una alternativa al alquiler y la compra: su modelo sin ánimo de lucro de derecho de uso garantiza hogares asequibles y estables. ¿Podría ayudar a resolver la crisis europea?
La crisis de la vivienda en España ha desencadenado protestas multitudinarias en todo el país. En octubre ha culminado en una petición de elecciones anticipadas, que se celebrarán a finales de noviembre. La gota que colmó el vaso fue el caso de Maricarmen Abascal, que fue desahuciada a los 87 años del piso en el que había vivido durante más de 70 años. Murió dos semanas después, convirtiéndose en el rostro de la lucha por el derecho a la vivienda en España y en símbolo de una crisis que afecta a toda Europa.
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Barcelona ha sido una de las ciudades en el corazón de las protestas, pero también es un foco para el desarrollo de un modelo de vivienda alternativo impulsado por la cooperativa sin ánimo de lucro Sostre Cívic.
José Téllez, responsable de comunicación de Sostre Cívic, explicó que hasta ahora el acceso a la vivienda en España se ha basado en dos opciones, comprar o alquilar, y que ese modelo está desfasado y es responsable de la actual crisis de vivienda.
Sostre Cívic ha sido pionera en el modelo de cesión de uso en España, en el que la cooperativa es propietaria del inmueble mientras que sus miembros tienen el derecho permanente a vivir en sus viviendas.
Este modelo es posible gracias a una combinación de financiación pública, cooperativa y europea. Es el caso de Ca l’Ordit, en el noreste de Barcelona, uno de los mayores desarrollos de vivienda cooperativa de España, impulsado por Sostre Cívic. Contará con 62 pisos repartidos en diez plantas para alrededor de 90 residentes con bajos ingresos.
El Ayuntamiento de Barcelona ha cedido el terreno de forma gratuita en régimen de cesión de uso, los fondos de la UE NextGeneration aportan casi 3 millones de euros y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa ofrece financiación a bajo interés. Todo ello sin márgenes de beneficio.
Gracias a este modelo de financiación, los futuros residentes de Ca l’Ordit han tenido que aportar entre 12.000 y 24.000 euros para asegurar sus viviendas, muy por debajo del coste de comprar un piso en propiedad. Después pagarán una cuota mensual que cubrirá servicios, mantenimiento e impuestos, y que se calcula hasta un 40% inferior a los alquileres de mercado.
Fundada hace más de 20 años e inspirada en las cooperativas de vivienda del norte de Europa, Sostre Cívic cuenta hoy con más de 2.700 socios y alrededor de 30 proyectos en toda Cataluña. En la mitad ya hay residentes, que suman más de 200 viviendas. Se espera que esa cifra alcance las 550 en los próximos tres años.
En el norte de Barcelona, en la periferia de la ciudad, unas 50 personas viven desde 2022 en un edificio de ocho plantas llamado Cirerers.
"Mi hogar va más allá de los 45 metros cuadrados de mi piso. También incluye varios espacios compartidos y la terraza, lugares donde vivir y pasar tiempo juntos", explicó Toni Artal, de 59 años, mientras nos mostraba la terraza, con sus impresionantes vistas de Barcelona.
Los residentes se implican mucho antes de que empiece la construcción. A través de reuniones mensuales y comisiones deciden juntos cómo organizar los espacios compartidos y las actividades, y se preparan para gestionar el edificio de forma colectiva.
En Cirerers, los residentes han creado una 'library of things' (biblioteca de objetos), donde comparten objetos de uso cotidiano. También hay talleres de bicicletas y de carpintería, además de una cocina comunitaria en la que los residentes cocinan juntos y organizan actividades deportivas y culturales.
Actualmente, toda una generación de españoles destina entre el 50% y el 60% de sus ingresos a unos alquileres que no dejan de subir. Y, según Sostre Cívic, la respuesta de las autoridades ha sido contradictoria.
José Téllez, portavoz de Sostre Cívic, señaló que cada vez más ayuntamientos están dispuestos a colaborar y desarrollar proyectos de vivienda cooperativa en sus municipios, pero que en los últimos cuatro años Barcelona solo ha destinado suelo público para 100 viviendas cooperativas, frente a más de 1.000 viviendas de alquiler en suelo público promovidas en colaboración con empresas con ánimo de lucro.
El modelo de vivienda cooperativa no resolverá por sí solo la crisis de la vivienda en Europa, pero demuestra que otra forma de hacerlo es posible. Para convertirse en una alternativa viable a mayor escala, necesita suelo, financiación y un compromiso político: reconocer la vivienda como un derecho.