El emblema de la industria vasca, en pérdidas y con una deuda de más de 260 millones de euros, ya fue rescatado mediante un préstamo en 2021 por el Gobierno estatal que está siendo investigado por la Audiencia Nacional y en el que la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, podría estar involucrada.
Jaque, y muy posiblemente mate, para la alavesa Tubos Reunidos. Su consejo de administración ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a un juzgado de Vitoria-Gasteiz que no puede hacer frente a sus futuros pagos o deudas.
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Salvo que aparezca un inversor dispuesto a sanear una deuda de 263 millones de euros, tal y como recoge 'El Correo', además de un préstamo de 113 millones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), o las nóminas de una plantilla en huelga indefinida que suma unos 1.300 trabajadores, Tubos se verá abocada a ser gestionada por el administrador que designe la sala de lo mercantil del juzgado competente.
La planta metalúrgica, que nació como Tubos Forjados en 1892, en pleno auge del sector secundario vasco, se fusionó con una multinacional estadounidense en el tardofranquismo para crear la filial actual, que también cuenta con sedes en Vizcaya y en Huston, Texas, al sur de Estados Unidos. Sus empleados habían convocado una serie de concentraciones en Orduña, Amurrio y Bilbao esta semana para protestar contra su situación.
Los aranceles de Donald Trump contra la industria global del acero y el aluminio no han ayudado a sostener la solvencia de una empresa que, no obstante, ya arrastraba graves problemas estructurales y llevaba meses sufriendo pérdidas en bolsa. La empresa había puesto en marcha un proceso colectivo de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) para 242 trabajadores, rechazado por hasta cuatro sindicatos.
Un préstamo público en plena pandemia investigado por la AN
El Gobierno vasco y la Diputación de Álava habían solicitado al Gobierno, sin éxito, una quita de la deuda de su préstamo a través de la SEPI. La historia de este dinero, sin embargo, da un giro en 2025: la Audiencia Nacional comenzó a investigar si el expresidente de la SEPI y exasesor de Tubos Reunidos, Vicente Fernández, cometió un delito de tráfico de influencias para que la compañía recibiese este préstamo mientras aún coleaban los efectos de la pandemia de coronavirus.
El juez Antonio Piña investiga el cobro de unas presuntas mordidas entre 2021 y 2022 en las que estarían implicados supuestamente Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE que también está siendo investigada por utilizar documentación comprometedora para maniobrar o difamar contra cuerpos estatales como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trabaja en varias investigaciones que apuntan contra el PSOE.
Según un informe de la propia UCO, Díez, Fernández y el empresario Joseba Antxón Alonso, amigo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, habrían recibido sobornos de Tubos, entre otras empresas, para acelerar una adjudicación: en total 700.000 euros de unas cinco compañías diferentes entre las que también se encuentran Erri Berri, el despacho Carrillo y Montes, Forestalia y Servinabar. En esta última, Cerdán habría tenido una participación secreta de hasta el 45%.