La migración vuelve a la agenda política aunque sin ideas renovadas

El año pasado, la UE registró más de 330.000 cruces irregulares de fronteras, un 64% más que el año anterior.
El año pasado, la UE registró más de 330.000 cruces irregulares de fronteras, un 64% más que el año anterior. Derechos de autor Salvatore Cavalli/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Por Jorge Liboreiro
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Los líderes europeos debatirán sobre el tema en la cumbre que se celebrará a finales de semana en Bruselas.

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Tras años inmersos en una pandemia, un fondo de recuperación, una guerra, una crisis energética y dramático aumento de la inflación, los líderes de la UE están dispuestos a volver a poner la migración en lo más alto de la agenda política.

El tema, que ha abierto profundas fisuras entre los países de la UE, en realidad nunca había desaparecido. Pero el aumento del 64% de los cruces fronterizos irregulares -unos 330.000- y del 46% de las solicitudes de asilo -casi 924.000- el año pasado ha incrementado la urgencia de los políticos para encontrar una solución al conflicto.

Austria pide fondos europeos para financiar una nueva valla a lo largo de la frontera entre Bulgaria y Turquía. Italia aboga por un código de conducta europeo para los barcos de rescate en el Mediterráneo. Y Dinamarca, país que aplica una política de "cero asilo", busca ayudas para crear centros de acogida fuera de la Unión Europea.

Bruselas parece haber entendido la situación: esta semana hay convocada una cumbre extraordinaria de dos días para abordar la migración y el control de las fronteras exteriores. La Comisión Europea intentará aprovechar el momento para acordar, por fin, su Pacto de Migración y Asilo, una propuesta compleja que busca poner soluciones a todos los aspectos de la política migratoria y sustituir el actual enfoque ad hoc.

"La migración es un reto europeo al que debe darse una respuesta europea", ha escrito la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una carta dirigida a los líderes antes de la cumbre de febrero. El "Nuevo Pacto" se basa en el principio que durante años ha enfrentado a los Estados miembros: el reparto equitativo de la responsabilidad y la solidaridad.

Entre la espada y la pared

En virtud del llamado Reglamento de Dublín, adoptado por primera vez en 2013, la solicitud presentada por un solicitante de asilo pasa a ser responsabilidad del primer Estado miembro de llegada.

Este sistema ha sido ampliamente criticado tanto por los gobiernos como por las organizaciones de la sociedad civil porque supone una carga desproporcionada para las naciones que se encuentran en  primera línea, como las del Mediterráneo. Los países se enfrentan a la ingente tarea de tramitar las solicitudes de asilo de migrantes que, muy a menudo, no quieren quedarse en ese país y prefieren viajar hacia el norte.

Aquí es donde surge la pregunta que está en el centro del debate: ¿Cómo puede la UE, como unión política con fronteras exteriores compartidas, reubicar y redistribuir a estos cientos de miles de solicitantes de una forma que se considere justa y equilibrada?

Hasta ahora, la respuesta ha sido: simplemente no se puede.

"La migración actual está esencialmente atrapada entre la espada y la pared. Los flujos migratorios y las presiones migratorias continúan, pero a los Estados miembros les resulta muy difícil ponerse de acuerdo sobre un conjunto de soluciones eficaces y comunes al respecto", ha asegurado a Euronews Andrew Geddes, director del Centro de Política Migratoria del Instituto Universitario Europeo (IUE).

"Algunos Estados miembros simplemente se niegan y no participarán en planes que impliquen la reubicación de inmigrantes en toda la UE", ha lamentado.

Un debate sin nuevas ideas

El nuevo Pacto propuesto ofrece otra respuesta al dilema de la reubicación: un mecanismo de "solidaridad efectiva".

El mecanismo ofrecería a los países de la UE tres opciones para ayudar a otro Estado miembro cuyo sistema de migración esté bajo presión debido al aumento de llegadas: aceptar un número de solicitantes de asilo reubicados, pagar el retorno de los solicitantes rechazados a su país de origen o financiar una serie de "medidas operativas", como centros de acogida y medios de transporte.

El compromiso se calcularía en función del PIB y la población del país. Una vez acordado, la Comisión Europea adoptaría un acta para que los compromisos fueran jurídicamente vinculantes. Pero el sistema presenta problemas para países que están tanto a un lado como al otro del debate.

Para los partidarios de una mayor reubicación, como Alemania, Francia, Italia y Grecia, el sistema libera a los países reticentes ofreciéndoles dos opciones -el patrocinio del retorno y las medidas operativas- que no implican acoger a ninguna persona dentro de sus fronteras.

Para los que se oponen a la reubicación, como Polonia, Hungría, Eslovaquia y Austria, el sistema introduce compromisos obligatorios que les obligarían a contribuir les guste o no. Estas perspectivas enfrentadas han condenado al nuevo Pacto a un limbo legislativo, sin apenas avances desde su presentación allá por septiembre de 2020.

"Intereses nacionales y agendas políticas a corto plazo"

"No hay una medicina milagrosa ni una solución mágica a mano para la divisiva cuestión del reparto de responsabilidades", ha asegurado a Euronews Alberto-Horst Neidhardt, jefe del programa de migración del Centro de Política Europea (EPC).

"Durante demasiado tiempo, el debate migratorio se ha visto privado de nueva energía y oxígeno vital, acorralado por intereses nacionales y agendas políticas a corto plazo", ha explicado Neidhardt.

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Un mecanismo de reubicación voluntaria respaldado por 23 países europeos ha dado lugar hasta ahora a 435 solicitantes de asilo reubicados, de un total de 8.000 compromisos que se espera cumplir anualmente. La perpetua falta de consenso sobre cómo abordar la migración internamente "corre el riesgo de traducirse en una atención desproporcionada al retorno y la readmisión", ha añadido Neidhardt.

"Las políticas de migración y asilo de la UE son cualquier cosa menos sanas". De hecho, los debates en Bruselas han adquirido una marcada orientación hacia la dimensión exterior de la migración, las relaciones entre la UE y los numerosos países de origen, lo que refleja un cambio creciente de la gestión a la prevención de las llegadas.

Los máximos históricos de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos de países tradicionalmente considerados "seguros", como Turquía, Bangladesh, Marruecos, Georgia, Egipto y Perú, han alimentado aún más las peticiones de un compromiso internacional más enérgico y persuasivo.

"Muchos de los otros países de los que se habla distan mucho de ser estables y no son 'seguros' en ningún sentido de la palabra", ha afirmado en una crítica declaración Catherine Woollard, directora del Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE), señalando que el "alarmismo" en todo el bloque se está fabricando con fines políticos.

"La elaboración de políticas de pánico alimenta un enfoque basado en temores infundados y no en necesidades, intereses, consideraciones de recursos u obligaciones legales", ha defendido Woollard.

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La UE utilizará su "influencia" contra los países de origen

La atención también se ha centrado en la tasa de retorno de la UE de solicitantes de asilo no admisibles. La baja cifra (en torno al 21%) ha indignado a los gobiernos de línea dura, que han planteado la posibilidad de invocar el artículo 25 bis del Código de Visados de la UE para imponer medidas restrictivas a los países que no cooperen.

La carta de Von der Leyen ha reconocido esta realidad y habla de proyectos contra el contrabando, equipos de operaciones conjuntas y asociaciones para acelerar los retornos y frenar las salidas. "El aprovechamiento de diferentes ámbitos políticos, incluidos los visados, el comercio, la inversión (...) y las oportunidades de migración legal envían señales claras a los socios sobre los beneficios de la cooperación con la UE y deben aprovecharse al máximo", ha escrito la jefa de la Comisión.

Pero los expertos advierten de que la externalización de la política de asilo, también conocida como "deslocalización", ignora las razones fundamentales que impulsan los flujos migratorios, como las dificultades económicas, la discriminación y el cambio climático, y puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos y detenciones ilegales fuera de la UE. "La búsqueda de asilo es un síntoma y no la causa", ha afirmado Andrew Geddes.

"Tomar medidas drásticas contra los barcos y los contrabandistas y cosas por el estilo puede tener algunos efectos, puede llevar a que muera más gente, por supuesto, pero no está haciendo nada para abordar algunas de las causas subyacentes mucho más profundas de este desplazamiento".

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