El Gobierno portugués se ha visto obligado a responder a la polémica sobre la contratación de una plataforma digital para vigilar a los periodistas y los contenidos que publican. Niega cualquier intención de "vigilancia" de los profesionales.
La noticia fue adelantada por 'Correio da Manhã', que indicó que el Gobierno portugués había gastado 40.000 euros en una suscripción de un año a una plataforma de IA y análisis predictivo que monitoriza redes sociales y medios de comunicación online.
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Entre las funcionalidades que ofrece está la creación de rankings de autores o periodistas, lo que ha levantado acusaciones de que el Gobierno podría estar preparándose para vigilar a los profesionales de los medios de comunicación.
Ante la polémica, el Gobierno reaccionó negando cualquier intención de**"catalogación y seguimiento de periodistas o vigilancia general"**.
En un comunicado, la Secretaría General del Gobierno explica que de lo que se trata es de "una herramienta de investigación de fuentes abiertas y contenidos públicos, una especie de 'clipping moderno'" que, según el Ejecutivo, cumple con todos los requisitos legales, incluido el Reglamento general de protección de datos (RGPD), y permite "monitorizar las principales tendencias de opinión expresadas sobre cuestiones de política pública".
El Gobierno garantiza que la "entidad contratada presta servicios a gobiernos y entidades privadas de diversos países, entre ellos los gobiernos de Francia y Reino Unido, la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud".
"Entre sus clientes figuran también medios de comunicación como la 'BBC', el 'Washington Post' y el 'New York Times'. Según información pública, el diario 'Público' e instituciones nacionales de enseñanza superior también contratan servicios de esta empresa", añadió la Secretaría General del Gobierno.
¿Qué es NewsWhip?
Según el contrato firmado por el Gobierno, publicado en el Portal Base, la herramienta NewsWhip "deberá permitir la identificación de tendencias emergentes y monitorizar la velocidad de difusión de los temas", permitiendo así anticiparse a posibles crisis mediáticas y tomar decisiones más informadas, dados los datos disponibles.
"La plataforma también debe proporcionar indicadores predictivos que evalúen la probabilidad de que ciertos contenidos ganen tracción o se conviertan en virales, permitiendo a los equipos anticiparse a los acontecimientos y ajustar la respuesta informativa", describe el documento.
La herramienta, desarrollada por una empresa irlandesa, "utiliza modelos predictivos y métricas de rendimiento para evaluar, entre otras cosas, la tasa de crecimiento de las interacciones, los patrones de viralización y el alcance potencial". Entre las especificidades técnicas enumeradas en el contrato figura la "supervisión simultánea de múltiples plataformas sociales y medios de comunicación en línea".
La compra resultó ser más polémica de lo que parecía, tras conocerse más especificaciones de la herramienta digital que, según la propia web permite "monitorizar en tiempo real lo que autores influyentes publican o comparten en las redes sociales".
Entre las características detalladas se encuentra el llamado 'Top Authors Leaderboard' que muestra al instante qué periodistas o autores tienen mayor influencia pública en los temas que interesan al usuario, con el objetivo declarado de identificar "las voces emergentes y consolidadas más impactantes" en cualquier industria, tema o área de cobertura informativa.
Los partidos de la oposición cuestionan la tecnología
El eco de la polémica llegó a los partidos de la oposición. André Ventura, líder del partido Chega, declaró a 'Correio da Manhã' que iba a presentar una solicitud al Parlamento y exigir explicaciones al Gobierno sobre el tema, admitiendo incluso que llamaría al ministro de la Presidencia al Parlamento.
El Partido Socialista exigió "una respuesta política clara y transparencia" al Gobierno, advirtiendo de la relevancia política del contrato firmado. El líder del partido, André Moz Caldas, cuestionó las intenciones del gobierno de crear "rankings individuales de periodistas". "Preguntamos: ¿para qué? ¿A qué interés público sirve una lista clasificada de periodistas mantenida por el Estado?", señaló.
El Bloque de Izquierda también cuestionó el uso de la plataforma, alegando que promueve "la construcción, con dinero público, de perfiles individualizados y jerarquizados de periodistas en función de la repercusión de su trabajo". El diputado Fabian Figueiredo también subrayó que el uso de la plataforma es incompatible con la libertad de expresión y que fue contratada por la Secretaría General del Gobierno, que supervisa Leitão Amaro, que también ocupa la cartera de Medios de Comunicación.
El Sindicato de Periodistas ya ha dicho que presentará una solicitud de aclaración al ministro de la Presidencia, subrayando que el uso de esta plataforma "no es aceptable".
"Es una plataforma que va a controlar lo que los periodistas publican en las redes, la repercusión de cada noticia, el alcance que tiene, cuánta gente ve lo que está en la agenda. Para nosotros, no es aceptable, es ciertamente peligroso", explicó a 'TSF' el presidente del Sindicato de Periodistas,Luís Simões.