Bruselas multa a Google con 890 millones de euros por favorecer sus propios servicios en los resultados de búsqueda y restringir a los desarrolladores de aplicaciones, mientras Washington prepara nuevos aranceles comerciales al expirar los actuales.
La Comisión Europea anunció el jueves una multa de 890 millones de euros a Google por presuntas prácticas de autopreferencia y un trato injusto a los desarrolladores de aplicaciones, justo cuando la Administración Trump prepara una nueva tanda de aranceles comerciales.
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La multa culmina una investigación que la Comisión abrió en marzo de 2024 al amparo de la Ley de Mercados Digitales (DMA), una normativa que fija una lista de obligaciones y prohibiciones para las grandes tecnológicas que dominan mercados digitales clave.
El elemento central del caso, que ha dado lugar a una multa de 460 millones de euros, se refiere a que el buscador de Google habría otorgado de forma sistemática un trato preferente a sus propios servicios, como Google Shopping, Google Hotels o Google Flights, mientras rebajaba la visibilidad de sus competidores en los resultados de búsqueda.
La autopreferencia cobró protagonismo por primera vez como teoría jurídica en el emblemático caso antimonopolio de Google Shopping, confirmado por el Tribunal de Justicia de la UE en 2024, más de una década después de que la investigación se abriera formalmente en 2010.
La DMA codificó después este concepto con el objetivo explícito de acelerar la aplicación de las normas y eliminar buena parte de las exigencias probatorias que impone el derecho de competencia tradicional.
La segunda parte del caso, que suma los 430 millones de euros restantes, se refiere a las denuncias de desarrolladores de aplicaciones que acusan a Google de impedirles informar a los consumidores de cómo salir de su ecosistema, por ejemplo promocionando ofertas más baratas disponibles fuera de su tienda de aplicaciones o señalando sistemas de pago alternativos.
Implicaciones de la decisión
Más allá de la sanción económica, y posiblemente con consecuencias aún mayores para Google, la Comisión ha ordenado a la compañía que ponga fin a su incumplimiento, trate sin discriminación los servicios de terceros y permita que los desarrolladores de aplicaciones se comuniquen libremente con los usuarios.
Google deberá cumplir la decisión de la Comisión en un plazo de 60 días o se enfrentará a multas coercitivas periódicas de hasta el 5% de su facturación mundial.
Google sostiene por su parte que sus servicios están diseñados para optimizar la experiencia del usuario y que modificar los resultados de búsqueda o las normas de su tienda de aplicaciones perjudicaría el ecosistema digital europeo.
"Esto no es competencia leal, es un deterioro de los productos impulsado por un pequeño grupo de denunciantes que miran por sus propios intereses, mientras las empresas y los consumidores europeos pagan las consecuencias. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos", declaró el presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker.
Google ya ha empezado a probar cambios en su servicio de búsqueda y en su tienda de aplicaciones. La Comisión afirma que seguirá vigilando su aplicación y considera que algunos de esos cambios suponen un avance significativo hacia el cumplimiento.
Google no ha confirmado si piensa recurrir la decisión.
Sobre el papel, la conclusión de la investigación es el resultado de una evaluación en gran medida burocrática sobre si el gigante tecnológico ha infringido las normas detalladas del bloque para lograr mercados digitales más justos y abiertos a la competencia. Sin embargo, corre el riesgo de convertirse en un nuevo punto de fricción en las tensiones transatlánticas.
Tensiones comerciales con Estados Unidos
Una multa importante contra una multinacional estadounidense amenaza con convertirse en un nuevo foco de conflicto con Washington. La Administración Trump ha reiterado que considera las normas digitales de la UE como un "irritante" comercial y en ocasiones ha equiparado este tipo de sanciones a aranceles.
Hace un año, Bruselas y Washington alcanzaron un acuerdo comercial conocido como acuerdo de Turnberry para resolver su disputa comercial, en virtud del cual la UE aceptó eliminar los derechos sobre la mayoría de productos industriales estadounidenses y admitir un arancel estadounidense del 15% sobre sus propias exportaciones.
La Administración Trump se vio obligada a adoptar nuevos aranceles sobre una base jurídica distinta después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara ilegales los derechos que había impuesto en 2025.
Ese nuevo régimen expira esta semana y la Casa Blanca sopesa imponer aranceles adicionales que previsiblemente se centrarán en el trabajo forzoso y el exceso de capacidad, tras una investigación de la Sección 301 que aborda los precios de los medicamentos en Alemania.
Las tensiones comerciales entre la UE y Estados Unidos ya han influido en el modo en que Bruselas ha decidido sancionar en el pasado a las grandes tecnológicas estadounidenses. El pasado septiembre, una multa contra Google por su negocio de publicidad digital se dejó en suspenso en medio de presiones internas en la Comisión y de presiones del Gobierno estadounidense.
El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, se erigió en el principal opositor interno a imponer sanciones delicadas antes de cerrar un acuerdo con Washington. Tras hacerse pública esa fractura interna, la Comisión siguió adelante con la multa, pero el episodio demostró hasta qué punto las investigaciones de la UE eran vulnerables a las presiones políticas externas.