El Consejo de Ministros aprueba la declaración de zona gravemente afectada por catástrofes registradas entre marzo y julio de 2026, con especial atención al incendio de Los Gallardos, que dejó 14 muertos en Almería.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para 211 áreas repartidas en 14 comunidades autónomas.
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La medida cubre catástrofes ocurridas entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026, un periodo dominado por incendios forestales de una virulencia que llevó al Gobierno a activar, el pasado 23 de julio, la primera "emergencia de interés nacional" por fuego forestal en la historia de España, ante los incendios que arrasaron la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo.
Los Gallardos, el episodio más grave
Entre el largo listado de emergencias, el acuerdo gubernamental señala especialmente el incendio de Los Gallardos, en Almería, por sus "consecuencias personales y materiales, con 14 personas fallecidas". Es el suceso que más ha pesado en la decisión de agilizar las ayudas previstas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.
La emergencia no se limita a Almería. En abril, los incendios de Ponteareas (Pontevedra) obligaron a movilizar medios estatales al alcanzar la situación operativa 2. El fuego más reciente del listado, en Vall d'Uixó (Castellón), seguía activo cuando se redactó el informe.
El expediente técnico reconstruye una sucesión de episodios que fue a más con la llegada de la primavera. En abril, Galicia y Asturias sufrieron incendios mientras Menorca vivía fenómenos costeros y Cataluña, tormentas. En mayo, La Rioja registró desprendimientos que afectaron a infraestructuras como el muro de Nalda y parte de la muralla del Castillo de San Vicente de la Sonsierra.
La segunda quincena de junio fue el punto álgido: los fuegos en Talavera, Forallac y Tiana (Cataluña) forzaron "medidas de confinamiento preventivo en distintos núcleos de población", mientras Castilla y León afrontaba varios focos simultáneos en El Bierzo. A finales de mes, las llamas dieron paso al agua: Haro, en La Rioja, registró 54,9 l/m² de lluvia en un temporal que activó 70 actuaciones bajo el plan Inuncar.
Ayudas automáticas para los damnificados
La declaración activa de inmediato una batería de ayudas gestionadas por el Ministerio del Interior, disponibles desde el momento mismo de cada emergencia: compensaciones por fallecimiento o incapacidad, apoyo para reparar viviendas y enseres, subvenciones a ayuntamientos por gastos urgentes, y ayudas a comercios e industrias afectadas. También se exime de tasas los trámites de la Jefatura Central de Tráfico, para que quienes perdieron el coche o la documentación puedan renovarla sin coste.
La declaración funciona como llave para que otros ministerios activen sus propias medidas. Hacienda anunciará exenciones en el IBI y reducciones en el IAE, y confirmó que las ayudas por daños personales quedarán exentas de IRPF. Trabajo podrá bonificar o eximir cuotas de la Seguridad Social a empresas y autónomos que hayan parado su actividad. Política Territorial y Memoria Democrática asumirá hasta el 50% del coste de reparar infraestructuras municipales como polideportivos o redes de abastecimiento.
El acuerdo también permite a los ministerios declarar "zona de actuación especial" sus áreas de competencia, lo que agiliza los contratos de emergencia sin límite de cuantía, e incluso habilita la expropiación forzosa urgente para restablecer servicios esenciales más rápido.
14 comunidades, un solo acuerdo
Las comunidades incluidas son: Andalucía, Aragón, Illes Balears, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Comunitat Valenciana.
El acuerdo rescata además episodios anteriores al periodo principal, como los daños de la borrasca Marta en Cataluña el 9 de febrero, que hasta ahora no habían sido cubiertos.