El político, acusado de participar en la trama conocida como Qatargate durante su etapa como commisario niega cualquier actuación ilegal y afirma que quiere colaborar plenamente con las autoridades, llegando a solicitar la retirada de su propia inmunidad.
El Parlamento griego decidió el jueves levantar la inmunidad parlamentaria del excomisario europeo Dimitris Avramopoulos, lo que abre la vía a que las autoridades belgas prosigan sus actuaciones en el marco de la investigación del Qatargate.
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A favor del levantamiento de la inmunidad votaron 264 de los 266 diputados presentes, mientras que dos optaron por declararse "presentes". La Comisión de Ética del Parlamento había recomendado previamente por unanimidad su levantamiento. El procedimiento se llevó a cabo tras la emisión en junio de una orden europea de detención por parte de un juez de instrucción belga.
Dimitris Avramopoulos, de 73 años, diputado del partido en el Gobierno, Nueva Democracia, fue comisario europeo de Migración entre 2014 y 2019 y, anteriormente, alcalde de Atenas. Este ha negado tajantemente haber cometido cualquier acto ilegal. Él mismo había solicitado el levantamiento de su inmunidad y afirmó, en un escrito dirigido al Parlamento, que desea cooperar plenamente con las autoridades competentes.
"Nunca participé, ni directa ni indirectamente, en ningún acto ilegal y nunca actué en beneficio de intereses ilícitos de ningún Estado ni de ningún tercero", señaló, añadiendo que no pide protección frente a la investigación, sino la posibilidad de demostrar que no tiene relación con los actos que se investigan.
La relación con la ONG Fight Impunity
La investigación de las autoridades belgas se centra, entre otros aspectos, en la relación de Avramopoulos con la organización no gubernamental Fight Impunity, fundada por el exeurodiputado italiano Antonio Panzeri, una de las figuras clave del caso.
Avramopoulos formó parte del consejo honorífico de la organización entre 2020 y 2021, una vez concluido su mandato en la Comisión Europea. Este sostiene que su colaboración con Fight Impunity fue totalmente legal y que las remuneraciones correspondientes fueron declaradas ante las autoridades fiscales. "Mi participación en la organización Fight Impunity fue plenamente legal, controlada, aprobada, declarada y debidamente tributada", afirmó cuando se conoció la orden en junio.
La orden europea se refiere a denuncias por participación en organización criminal, corrupción pública y blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas, según un documento de las autoridades griegas citado por agencias internacionales de noticias. Los cargos siguen siendo objeto de la investigación belga y no implican un reconocimiento de culpabilidad.
La investigación comenzó en diciembre de 2022, cuando las autoridades belgas realizaron una serie de registros y detenciones a raíz de denuncias de que gobiernos extranjeros trataron de influir en decisiones del Parlamento Europeo mediante dinero y regalos.
En el marco del caso, las autoridades belgas han incautado alrededor de 1,5 millones de euros en efectivo. Entre los detenidos figuraban el exeurodiputado italiano Antonio Panzeri y la entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili.
Qatar y Marruecos han sido acusados de intentar influir en decisiones europeas y mejorar su imagen pública. Ambos países han negado esas acusaciones. La investigación belga se ha retrasado de forma significativa debido a recursos judiciales sobre la legalidad de distintos trámites.