BOGOTÁ, 21 dic - Colombia preseleccionó una oferta de Francia para comprar 16 aviones Rafale, por hasta 3.145 millones de dólares, destinados a la defensa de la soberanía nacional, la lucha contra el crimen organizado y la interdicción aérea, informó el miércoles el Gobierno.
Con la oferta Colombia busca remplazar los Kfir de fabricación israelí adquiridos a finales de la década de 1980.
El Gobierno colombiano estudió tres ofertas que incluyeron una de Estados Unidos con aviones F-16, una de Suecia con aviones Gripen y la de Francia.
"Hasta el momento, la propuesta de los aviones Rafale es la mejor opción para el país en relación precio, eficiencia y operatividad. Una hora de vuelo de un avión Rafale es aproximadamente 30% más barata que la hora de vuelo de un Kfir", explicó el comunicado de la Presidencia.
El Gobierno de Colombia aclaró que hasta el momento no hay contratos firmados y que se trata de una prenegociación, como parte de la continuación de un proceso que se inició hace 12 años a través del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Colombiana.
El presidente Gustavo Petro, quien en agosto asumió como el primer mandatario en la izquierda del país, anunció el fin de semana su decisión de iniciar el proceso de renovación de la flota de superioridad aérea.
El mandatario aseguró que renovar es necesario debido a que la flota actual ha tenido más de 42 años de uso y más de 30 años de operación en Colombia.
La operación y mantenimiento de los Kfir es costosa y puede ser riesgosa. Colombia es prácticamente el único operador de la plataforma Kfir, aviones para los que no se producen repuestos, según las consideraciones del Gobierno.
El Rafale es un caza polivalente de 4,5 generación, bimotor, y con una configuración de ala en delta y canards, diseñado y construido en Francia por la compañía Dassault Aviation.
En caso de que se cierre la negociación, la compra se empezará a pagar dentro de cinco años, y no se utilizarán recursos de una reforma tributaria aprobada recientemente por el Congreso destinada a financiar un mayor gasto social para combatir la pobreza y desigualdad, aclaró el Gobierno.